El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Segovia, Antonio Silva, ha solicitado que declaren como imputados los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia por las retribuciones del Comité de Dirección de la entidad, hoy integrada en Bankia.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2, firmado el pasado 31 de octubre y recogido por Europa Press, el fiscal revela la necesidad de que éstos comparezcan ante los tribunales por la falta de resultados de los requerimientos documentales practicados, con el fin de avanzar en la investigación sobre los hechos.
En concreto, solicita que, de forma secuencial, se les tome declaración sobre la adopción de los acuerdos del Consejo de Administración a propuesta del Comité de Retribuciones en las sesiones celebradas el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010.
Así, la Fiscalía considera que deben comparecer por su vinculación al Comité de Retribuciones el presidente de este órgano, Atilano Soto, presidente a su vez de Caja Segovia y del Consejo de Administración; la secretaria, Elena García Gil, y el vocal, Manuel Agudíez, quien fuera vicepresidente de la entidad de ahorros.
El fiscal recuerda al Juzgado que los tres eran a su vez consejeros, por lo que, para esclarecer los hechos, también podrán ser interrogados sobre aspectos relacionados con el funcionamiento y el papel del Consejo de Administración.
En el documento de diligencias previas, como imputados, figuran los nombres del resto de consejeros: Miguel Ángel Vicente, Fernando Aceves, Eduardo Aguado, Manuel Berzal, Bonifacio García, Fidel García, José Pablo Lozoya, María Concepción Monte, Pedro Palomo, Juan Manuel de la Puente, Pedro Arahuetes, Javier Santamaría, José Luis Sanz Merino y Juan José Sanz Vitorio.
El fiscal advierte de que, salvo error u omisión, Juan José Sanz Vitorio, actual viceportavoz del PP en las Cortes regionales, y Javier Santamaría, senador del PP, tienen la condición de aforados dada su condición de parlamentarios.
Junto a ellos, están llamados a declarar también el antiguo director general de la Caja, Manuel Escribano, a quien estaba encomendada la presentación de las propuestas y asistía, con voz pero sin voto, a las sesiones del Comité; y Antonio Tapias, exsecretario general de la entidad, quien asistía en sus funciones, sin derecho a voto a la Secretaría del Comité.
La investigación penal sobre la entidad fue abierta a instancias de UPyD, que mantiene sus exigencias de que se depuren responsabilidades por las retribuciones millonarias a altos directivos de la Caja.
El juzgado investiga otra denuncia de once exconsejeros contra Agudíez, Varas y Soto
El Juzgado número 5 de Segovia mantiene abierta otra investigación a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía, en diciembre del pasado año, por un grupo de once exmiembros del consejo de administración que cesó en julio de 2012.
Esos exconsejeros, entre los que figuran representantes del PP, PSOE, FES, Comisiones Obreras y Jubilados, se consideran “manipulados”, ya que, a su entender, los acuerdos aprobados en consejo, en relación a la deuda tributaria adquirida por Navicoas -sociedad participada de forma indirecta por la Caja- que dio lugar a la hipoteca del Torreón de Lozoya, no se ajustan a los recogidos en las actas.
En opinión de los exconsejeros, “los administradores de Navicoas Manuel Agudíez y Javier Varas acordaron, con el visto bueno de Atilano Soto, que Caja Segovia fuera la que abonara dicha deuda y para ello suscribieron una hipoteca sobre el Torreón de Lozoya”. En su denuncia, aseguraron que descubrieron lo ocurrido cuando el secretario del consejo de administración, Miguel Ángel de Vicente, detectó “que no existe una correspondencia entre los acuerdos del consejo y las actas redactadas por el secretario de actas, el director de Caja Segovia Fernando Tapias y refrendadas por el entonces presidente Atilano Soto; y se niega a suscribirlas”.
