La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias informativas para conocer el estado de “recuperación ambiental” y el nivel de “residuos” en los parajes de la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora, sobre los que cayeron en enero de 1966 dos bombas termonucleares procedentes de un B-52 de EEUU que chocó en pleno vuelo con otra aeronave procedente de la base aérea de Morón, en Sevilla.
El fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, solictó informes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y Junta de Andalucía con el fin de conocer qué se había hecho y se está haciendo por la restauración, así como “la existencia de posibles residuos”, según informaron fuentes del Ministerio Público.
Por el momento, el único de los tres organismos que dio respuesta al requerimiento fue el Ciemat, por lo que se continúa a la espera de que remitan los suyos tanto Junta de Andalucía como CSN. Las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía con fecha 7 de julio no se dirigían a determinar responsabilidades penales, aunque la denuncia de Ecologistas en Acción que dio lugar a su apertura sí solicitaba que se “depurasen” entre los que habrían “permitido la existencia durante medio siglo de un cementerio nuclear al aire libre”.
El colectivo conservacionista interesaba, incluso, que se citase al presidente del CNS para que explicase porqué este organismo “no avisó hace cincuenta años del peligro que suponía remover tierras contaminadas”, así como el porqué de que el Plan de Rehabilitación de Palomares “esté parado desde hace cinco años”, y también que se investigase a los miembros de los diferentes gobiernos desde 1966.
En una respuesta parlamentaria remitida al portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, también el pasado mes de mayo, el Gobierno justificó que se estaba demorando un acuerdo con Estados Unidos, pero su intención era resolver todas las incógnitas.
