En atención a un tempo que mucho más parece político que judicial, la Fiscalía filtró ayer que ha solicitado al juez de la Audiencia Eloy Velasco que inicie los trámites para pedir a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas.
El terrorista, al que la Justicia bolivariana no está dispuesto a entregar con la excusa de que tiene pasaporte venezolano, es sospechoso de haber impartido cursillos a otros integrantes de la banda en territorio del país sudamericano, un delito por el que debe responder ante la instancia patria, que considera que la nacionalidad no es obstáculo para su entrega.
En cualquier caso, el escrito del acusador añade que, si las autoridades de Caracas rechazan entregar al criminal, deberían proceder judicialmente contra él en su propio territorio, algo a lo que el régimen de Chávez también se ha mostrado contrario.
Habida cuenta de tales antecedentes, parece más que claro que el requerimiento del Ministerio Público pretende tan solo acallar a quienes acusan al Gobierno socialista de pasividad, e incluso de condescendencia, con el populista mandatario sudamericano.
De hecho, la petición del acusador entra en franca contradicción con lo manifestado la semana pasada por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien proclamó que el artículo 69 de la Constitución de su país «prohíbe la extradición de un venezolano o venezolana bajo ninguna circunstancia».
No obstante, quizá a sabiendas de que, por encima de las leyes, la decisión de Chávez será en última instancia arbitraria, la Fiscalía ha activado el procedimiento para pedir la entrega del asesino basada en un informe del Ministerio de Exteriores que certifica que Cubillas reside en Venezuela y que, desde 2007, ejerce como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, un organismo dependiente del Gobierno bolivariano.
El Departamento dirigido por Miguel Ángel Moratinos añade que el etarra «se ha personado recientemente antes las autoridades judiciales de Venezuela» -en referencia a la visita que hizo el día 11 a la Fiscalía de Caracas para pedir que se investigaran las acusaciones de la Justicia española contra él-, «sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia».
El acusador recuerda asimismo que la citada orden pesa sobre Cubillas desde finales de febrero, cuando Velasco le procesó por tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y acordó su busca y captura para proceder al encarcelamiento.
En dicho escrito, se señalaba a Cubillas como «responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC». Tal colaboración incluía los citados cursillos sobre explosivos y la la localización en España de posibles objetivos para la guerrilla colombiana.
Dichas acusaciones se vieron confirmadas por el testimonio de los también etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, quienes, tras ser detenidos el pasado 29 de septiembre, declararon ante la Guardia Civil que en el verano de 2008 participaron en uno de esos cursos impartidos por Cubillas en Venezuela.
Por todo ello, el Ministerio Público está convencido de que los delitos de los que se acusa a Cubillas «son susceptibles de extradición» conforme al tratado bilateral en vigor, «sin que puedan ser considerados como delitos políticos (…), pues los actos de terrorismo están excluidos expresamente de tal calificación jurídica». La Fiscalía también dice que el pasaporte venezolano del etarra «no es un obstáculo», ya que el citado tratado establece que «el rechazo de la entrega por tal motivo es potestativo y no preceptivo».
No obstante, se añade que «si la parte requerida no accediera a la extradición por causa de su nacionalidad, deberá someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel».
De hecho, la Fiscalía solicita al juez Velasco que, cuando curse la demanda de extradición, la acompañe con los documentos, informaciones y objetos relativos al delito que permitirían que Cubillas fuera juzgado en Venezuela.
Reforma electoral.- Ayer inició su andadura en el Congreso la eufemísticamente denominada reforma de la Ley Electoral, que, sin afectar en absoluto al reparto de escaños ni corregir la falta de proporcionalidad, destaca por recoger algunas medidas que pretenden evitar que los proetarras sigan llegando a las instituciones. Los cambios legislativos, que están asegurados habida cuenta de que están acordados por PP y PSOE, implican que se podrá inhabilitar a cargos ya electos si, tras las elecciones, una sentencia judicial firme declara ilegal a su partido. Con todo, el cargo en cuestión tendrá un plazo de 15 días para presentar de forma voluntaria una declaración «expresa e indubitada» de rechazo a las causas jurídicas que motivaron la expulsión del sistema de su formación.
