La representante de la Fiscalía de Madrid, Ana Muñoz, mantuvo ayer su petición de cuatro años de prisión para el principal imputado en el juicio por la tragedia del ‘Madrid Arena’, Miguel Ángel Flores, a quien considera responsable de la muerte de cinco jóvenes por el exceso de aforo que se registró en la fiesta.
Tras casi tres meses de sesiones, la fiscal del caso expuso sus conclusiones definitivas en las que fija la calificación jurídica que se le imputa a cada uno de los acusados conforme a los hechos que entiende acreditados.
Por otra parte, para el ‘número dos’ de Flores, Santiago Rojo; un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, la Fiscalía rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día.
Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por “un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos”. Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años.
La fiscal sostiene que la noche de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón ‘Madrid Arena’ acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por “la aglomeración de personas” en los vomitorios.
Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a “las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria” a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.
Destaca que ambos realizaron “insuficientes y deficientes compresiones torácitas” sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, “omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad”. En el escrito no se menciona a Monteagudo. Sin embargo, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, ya solicitó que se levantara su imputación al estimar que el macrobotellón del exterior del recinto no influyó en lo que sucedió en el interior, algo que se debió a la falta de seguridad.
