La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió ayer diligencias para investigar la posible «conducta defraudatoria» de la compañía Air Comet, propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, denunciada por los consumidores tras el cese de operaciones de la aerolínea el pasado 21 de diciembre.
El Ministerio Público tomó esta decisión después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz no admitiera a trámite la querella de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), al estimar que ésta contenía «meras afirmaciones desnudas» sobre la posible existencia de un delito, «que no permiten iniciar un procedimiento penal».
Los afectados insisten en su objetivo de mantener abierta la vía penal contra los propietarios de la aerolínea, por lo que presentaron por la mañana un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional para que la Sala de lo Penal obligue a Pedraz a investigar la posible comisión de estafa e insolvencia punible.
Pese a este avance, ocho asociaciones de consumidores siguen denunciando que la compañía aérea continuó vendiendo billetes «cuando ya se tenía pleno conocimiento de la situación de insolvencia manifiesta y la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas». Para la Fiscalía, en contra del criterio de Pedraz, de esta querella «se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva», cuya notoriedad es conocida por haber sido publicitados ampliamente en todos los medios de comunicación.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señaló que, en un primer análisis jurídico, los hechos denunciados «pueden ser definidos como una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas». Como Daisy, una camarera que se encuentra en Ecuador tras haberse quedado «tirada» junto a su hija en el aeropuerto de Barajas y haberse gastado «una fortuna» con otra aerolínea.
«Jamás vendimos billetes tras el cese de operaciones de la compañía ni hemos estafado a nadie», aseguraron fuentes de la firma.
Por otra parte, la titular de la Secretaría del Migrante (Senami) de Ecuador, Lorena Escudero, afirmó que la quiebra de la compañía aérea Air Comet constituyó «una estafa premeditada» que afectó a los «derechos económicos» de los inmigrantes, así como a su «dignidad y soberanía».
