Al final, triunfó la presión mediática. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer, justo un día antes de que acabara el plazo, la puesta en libertad condicional de Josu Uribetxeberria Bolinaga, al considerar que «padece una enfermedad grave e incurable, pero no se encuentra en situación de peligro patente para su vida». Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió la decisión de Interior de conceder el tercer grado al etarra ya que éste cumplió la ley, mientras que ladecisión del juez Castro no lo hace. Como se puede apreciar, se ha pasado del cisma en el seno del PP, con el ala dura capitaneada por Jaime Mayor Oreja, que ayer acusó a PSOE y EH Bildu de querer poner «un cazo», y Esperanza Aguirre atacando la actitud de Jorge Fernández Díaz, a una auténtica crisis en el poder judicial.
En un escrito, el fiscal Pedro Rubira solicitó que el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el juez Fernando Grande-Marlaska, acuerde la «nulidad de las actuaciones» adoptadas por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, por la «importancia», «complejidad» y «repercusión» que presenta este asunto. Por su parte, el togado renunció a su potestad de pedir al Pleno que se revise la decisión tomada por éste, de conceder la libertad condicional al secuestrador de Ortega Lara y se atendrá a la decisión que tome la mayoría de sus compañeros.
La decisión del mediático magistrado de no pronunciarse provoca que la revisión de la libertad condicional del Pleno dependa de la petición de 10 de los 18 jueces que integran la Sala.
Hay un punto polémico en el recurso cuando se afirma que Castro «vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva originando indefensión», al no notificar al Ministerio Fiscal su polémica visita al hospital donde se hallaba Bolinaga el pasado 28 de agosto.
Por si fuera poco, trascendió que en el fallo del togado los pasajes esenciales estaban copiados literalmente de un libro del profesor Julián Carlos Ríos, llamado Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse de la cárcel. No es la primera vez que esto ocurre. En enero del pasado año, también se benefició del plagio el etarra Mikel Ibáñez.
Desde los dos sindicatos de la Policía, se señaló que es al Gobierno a quien la Fiscalía ha dejado en «ridículo», denunciando que el juez de vigilancia penitenciaria decretó la libertad condicional del asesino porque «se lo pidió Interior».
