En una escueta nota informativa de diez líneas firmada por el fiscal jefe Antonio Silva, la Fiscalía explica que tras la tramitación de las diligencias de investigación realizada a la documentación presentada, el 8 de julio se dictó el decreto de archivo » conforme a las razones que en el informe de la fiscal instructora se especifican y que son sucintamente no apreciarse indicios suficientes para atribuir en las operaciones objeto de investigación un intención manifiestamente dolosa en el Consejo de Administración dirigida a causar un perjuicio a la sociedad, y ello sin perjuicio de otras responsabilidades en que se pueda haber incurrido».
A finales del pasado año, el administrador único de la sociedad Javier de la Orden, junto con los presidentes de la Diputación y la Cámara, Francisco Vázquez y Pedro Palomo, respectivamente, presentaron ante la Fiscalía toda la documentación sobre el contrato que Segovia 21 mantenía desde 2002 con la empresa Fomento Territorial, al presumir un posible exceso en los pagos realizados, que podrían estar fuera de mercado.
Atilano Soto, imputado por el ‘caso Bankia’, declaró en los juzgados el pasado mes de enero. Junto a él, en enero y febrero, acudieron el presidente de Fomento Territorial, Elías Benatar; el exdirector de Caja Segovia Manuel Escribano; el actual portavoz del Grupo Municipal Popular y antiguo presidente de la Cámara, Jesús Postigo; y el director general de la sociedad, Jesús Sánchez.
Además, pasaron por Fiscalía David Rubio, exsecretario general del PSOE en la provincia; Miguel Ángel González, director general de la empresa Ontex, y Tomás Rivilla, exvicepresidente de la Cámara de Comercio.
Entonces, el abogado de Benatar, Luis Rodríguez Ramos, precisó que los llamados a declarar comparecieron con la conciencia de «haber hecho las cosas como las tenían que hacer» y que, de hecho, ni había culpa ni imputaciones. Ramos incidió en la legalidad de los contratos realizados.
