La Fiscalía Anticorrupción apunta en un escrito de 72 páginas al “ejercicio arbitrario del poder” por parte de las autoridades de Baleares y la Comunidad Valenciana para que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, pudieran “enriquecerse” como adjudicatarios ‘a dedo’ de los proyectos Illes Balears Forum y Valencia Summit, que costaron a las arcas públicas un total de 5,9 millones de euros.
“La causa principal de los contratos administrativos nunca puede ser el enriquecimiento del adjudicatario, sino el quehacer útil y oportuno para la causa pública”, subraya el fiscal Pedro Horrach en su informe de alegaciones, presentado esta semana en el marco del caso Nóos.
En este sentido, el representante del Ministerio Público recalca cómo los responsables de las Administraciones públicas, “de común acuerdo” con Urdangarin y Torres, tomaron decisiones administrativas “arbitrarias e injustas”, en tanto que fueron adoptadas “al margen del preceptivo expediente administrativo, toda vez que la apertura del mismo hubiera impedido u obstaculizado la consecución de la ilícita finalidad de beneficiar” a ambos exsocios.
