La reforma local del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal MoNtoro, se ha convertido en objeto de disputa entre municipios y comunidades autónomas. En el fondo del problema, la financiación de determinados servicios. Los ayuntamientos insisten en que asumen funciones que no les corresponden y los gobiernos regionales recuerdan que las competencias estaban claras y que si se cambian tienen que llegar acompañadas de más dinero.
En este plano, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, profundizó en esta controversia y reprochó la actitud de algunas autonomías. «Sinceramente, no entiendo el lamento de algunas comunidades autónomas», reconoció en una entrevista en la que recordó que los municipios han estado durante años prestando una serie de servicios –sobre todo relacionados con la educación, la sanidad y los servicios sociales– y para los que no contaban con financiación.
El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada incluye una redistribución competencial para evitar las denominadas ‘competencias impropias’ y evitar duplicidades.
Una visión bien distinta a la de la Junta de Castilla y León, cuyo portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, recuerda habitualmente que, hasta ahora, esas competencias que los municipios consideran impropias están recogidas en la actual Ley de Bases de Régimen Local y que las autonomías las asumirán siempre que lleguen financiadas.
De la Serna insistió en que las comunidades no pueden protestar por esta reforma porque se trata de competencias que «ya tenían que estar siendo prestadas por ellas». «Respeto que soliciten cuantos recursos crean necesarios al Estado o que abran negociaciones para la asignación de nuevos recursos, pero todo ese dinero hasta ahora ha sido soportado injustamente por las corporaciones locales», aclaró.
De la Serna aseguró que los municipios no ven mal el papel otorgado a las diputaciones, que ganan peso con la reforma y a las que el Gobierno otorga la capacidad de coordinar servicios municipales en caso de que pueda hacerlo con un coste menor. Sin embargo, De la Serna subrayó que esto deberá hacerse siempre con la aprobación del propio ayuntamiento, algo que considera fundamental para el respeto del municipalismo.
«No nos parece mal porque la coordinación es una función que ya vienen haciendo con absoluta normalidad, la coordinación y prestar ayuda a municipios pequeños –explicó–. Puede mejorar muchos servicios públicos que muchos municipios pequeños no podían llegar a asumir».
De la Serna recordó que la reforma local comenzó su andadura con cuestiones que provocaban el rechazo de los ayuntamientos y finalmente «han desaparecido», como la supresión de municipios, la reducción del 30 por ciento del número de concejales, que los alcaldes de localidades menores de 20.000 habitantes no cobraran ningún tipo de retribución o «la intervención directa» de municipios de 5.000 habitantes.
Sin embargo, no cree que esto pueda hacer pensar a la sociedad que la reforma ha perdido fuerza, ya que defendió que los ciudadanos deben ser conscientes de que los ayuntamientos están cumpliendo «mejor que nadie» con los compromisos económicos asumidos por España y 5.000 municipios están ya en superávit.
En este contexto, De la Serna reconoció que los municipios tienen problemas estructurales que provocan «tensiones de tesorería y tensiones de financiación concretas y puntuales», pero insistió en que «están cumpliendo con los objetivos» y no han pedido al Gobierno más margen de déficit pese la relajación concedida por Bruselas.
