Los nuevos fondos comunitarios del periodo 2014-2020 constituyen una gran oportunidad para las entidades locales, pero también suponen un gran desafío por las dificultades que entraña para los ayuntamientos el acceso a los mismos. Por ello, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) alerta de estas dificultades y ha puesto a disposición de los municipios una oficina de información para ayudarles a tramitar la presentación de proyectos.
Sobre este tema ha hablado esta semana el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, en una jornada sobre ‘La Administración Local ante el nuevo periodo de financiación europea 2014-2020’, —organizada por la FEMP y PwC y el Instituto de Empresa—. A este respecto, habló de las oportunidades que se abren a los ayuntamientos con estas nuevas líneas de ayuda y expresó la voluntad de la Federación que preside de que estos fondos lleguen al mayor número posible de municipios, según explica la propia FEMP en un comunicado público.
Del mismo modo, De la Serna pidió rebajar a 20.000 habitantes el límite poblacional para que los municipios puedan presentar proyectos de manera individualizada para acceder estas ayudas, que ahora está fijado en 50.000 habitantes.
Para justificar esta petición, el alcalde de Santander se refirió al “importante papel que tienen que jugar las ciudades intermedias», ya que “constituyen el principal motor de desarrollo de las regiones donde se ubican, así como un polo de generación de nuevas actividades económicas y de empleo”.
Otra de las cuestiones a las que se refirió el presidente de la FEMP es a que las entidades locales tengan autonomía a la hora de decidir qué tipo de proyectos presentan y establecer prioridades.
Los fondos europeos del periodo 2014-2020 incluyen una vía de subvención de 1.500 millones de euros para financiar proyectos de economía baja en carbono y proyectos de desarrollo urbano sostenible. Sobre estos fondos comentó que suponen un reto para las entidades locales por la dificultad que entraña la preparación de proyectos, dada la carga administrativa que implica, y porque dichos proyectos deben encajar en el nuevo marco normativo comunitario.
