Las situaciones desesperadas requieren medidas del mismo corte, y la Real Federación Española de Atletismo no quiere más disgustos. Por ello, su junta de gobierno solicitó ayer «a las autoridades y a los organismos competentes» que modifiquen la normativa vigente con el objetivo de elevar de dos a cuatro años las sanciones por dopaje. Además, también confirmó que pondrá en marcha el pasaporte biológico, ya implantado en el ciclismo.
Esta rotunda estrategia de dureza y transparencia responde a las investigaciones en curso sobre la denominada ‘Operación Galgo’, trama en la que figuran como imputados, entre otros, los atletas Alberto García y Marta Domínguez, los entrenadores Manuel Pascua y César Pérez y el médico Eufemiano Fuentes.
En la asamblea general de la organización se respaldaron todas las medidas ejecutadas a partir del conocimiento del escándalo. «Oídas las propuestas de los distintos estamentos, y en especial las de los representantes de los competidores, la junta ratifica y apoya por unanimidad las actuaciones llevadas a cabo por la RFEA ante los hechos acaecidos». En ese sentido, se aceptó «el cese o suspensión de relaciones con aquellas personas que judicialmente han sido objeto de imputaciones penales». Además, se concedió licencia para la «apertura por parte del comité de disciplina deportiva de los procedimientos reglamentarios previstos, y que en su momento podrán determinar la imposición de las penalizaciones pertinentes».
El presidente de la Federación patria, José María Odriozola, quiso poner al mal tiempo buena cara y, de paso, defender el trabajo interno. «Se ha hablado de que todo el atletismo español se encuentra podrido, pero ahí están las estadísticas de positivos, que revelan que, desde hace años, solo suponen entre el 0,12% y el 0,7% de los casos. En 2006, por ejemplo, no hubo ninguno».
En su informe, el mandatario recordó que, a indicación suya cuando era vicepresidente, se creó en 1988 el comité antidopaje de la Federación. En la misma línea, se esforzó para resaltar el alto desembolso económico que exige la defensa de un deporte limpio. «Es un coste importante, porque un control normal vale 200 euros, y el de uno de EPO se eleva hasta los 550».
Estos datos se destacaron en una jornada en la que ciertos medios de comunicación publicaron que la ‘Operación Galgo’ podría tener también una conexión con el mundo del ciclismo. Según ellos, estarían involucrados al menos dos corredores, Luis León Sánchez y Joaquín Novoa.
Más allá de este espinoso asunto, la junta debatió únicamente uno de los siete puntos sugeridos por los miembros de la asamblea. El tema escogido solicitaba una reducción del 16% en el coste de las licencias, rebaja que terminó rechazada.
Cabe mencionar que se aprobó un presupuesto de 12.850.485 euros para el presente ejercicio, lo que implica una disminución del 1,25% con respecto al anterior. Eso sí, la cifra está a la espera de que se sepa el montante de la subvención del Consejo Superior de Deportes; los cálculos hablan de un recorte del 7%.
Con respecto a 2010, se liquidó por un importe de 12.784.719 euros, lo que provocó un déficit de 56.042 euros. No obstante, la Federación precisó que el balance general resultó positivo, debido a que su fondo social cerrado a 31 de diciembre es de 99.004 euros. En cuanto a la cuantía de las becas, la junta de gobierno se planteó el reto de mantenerla.
