La abogada de la familia de Cristina Arce, una de las jóvenes fallecidas en la tragedia del ‘Madrid Arena’, reprochó ayer al Ayuntamiento de Madrid en la época de la fiesta mortal que no hiciera el informe exigido por la normativa que hubiera permitido la presencia obligada del Samur-Protección Civil.
Así lo recalcó la letrada María José Siñeriz durante su intervención en la presentación de su informe de calificaciones jurídicas en la fase final del juicio. La abogada pide cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por un delito de homicidio imprudente grave.
También estuvo presente la madre de la fallecida, Isabel de la Fuente, quien relató emocionada cómo la tragedia truncó la vida de su hija. “Cristina quería estudiar enfermería y el destino la situó en un botiquín donde falleció. Sus padres y sus hermanos nunca lo podrán superar”, subrayó la letrada, quien pidió a la sala que más allá de la ejemplaridad de la sentencia, tenga en cuenta que el riesgo alcanzó a 17.000 personas, no solo a la víctimas y heridos.
En primer lugar recalcó, como ya hicieron otros abogados de acusaciones, que el pabellón municipal no tenía licencia de construcción ni de funcionamiento. “Se exige un informe con una memoria de actividades que debe someterse a un informe del Ayuntamiento a través de los servicios municipales a los efectos de comprobar la normativa en materia de seguridad. Si se hubiera respetado, Protección Civil y Samur podrían haber estado ahí”, matizó.
Esta negligencia se le achaca también al organizador, la empresa Diviertt y su dueño Miguel Ángel Flores. En este punto, esgrimió que el promotor debía tener conocimiento de esa situación de no cumplimiento. Además, señaló que Madrid Espacios y Congresos tenía la obligación de exigir al promotor un plan de autoprotección, lo que “incide en esas negligencias”.
“Hay una violación absoluta de las normas de seguridad de principio a fin”, aseveró, mencionando que muchas de las puertas de los vomitorios estaban bloqueadas, una circunstancia que no constaba en los planos remitidos a Madridec por la secretaria de Flores.
Así, criticó cómo se elaboró el plan de autoprotección, ya que no se aclararon diversos aspectos de las puertas de emergencias que debían haber sido utilizadas como salidas de evacuación. Dos de esas puertas, el portón de mercancías y el muelle Mónico, se utilizaron como vías de accesos para entrar a la fiesta.
Además habló de la vigilancia en el interior del edificio, tarea encomendada a la empresa Seguriber. Los responsables de seguridad de la empresa se sientan también en el banquillo de los acusados.
Por otro lado, criticó la actuación médica de los doctores Simón Viñals y su hijo Carlos, responsables de la enfermería que se instaló en el pabellón. En este punto, recalcó que no se sabe lo que hicieron porque no está documentado.
“Se nos pide un acto de fe y no nos lo podemos creer. No existe ninguna prueba”, destacó la abogada en alusión a la atención que supuestamente dieron a la joven Cristina Arce.
