Eliminar el impacto sobre las vistas del Alcázar y la iglesia de San Marcos supondría otro impacto, también de apreciables dimensiones, en este caso sobre la economía municipal. Un informe de Urbanismo cifra en 1,5 millones de euros el coste de la expropiación del polémico edificio de San Marcos; una cantidad que se elevaría, como mínimo, y casi con toda seguridad, a los 2 millones de euros si añade la indemnización que recibirían los propietarios, en virtud de una hipotética sentencia judicial favorable, para compensar el lucro cesante del inmueble, destinado a alojamiento turístico.
Los grupos municipales analizan el futuro del polémico inmueble, en la última fase de construcción, con motivo de la revisión del Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS). IU presiona para que el PEAHIS califique como parque público la pradera donde se asienta el inmueble. Si prosperase la propuesta del concejal de IU, Luis Peñalosa, el planeamiento urbanístico autorizaría la expropiación del inmueble y el posterior derribo de una edificación que, según subraya la coalición, supone un grave atentado contra el patrimonio de la ciudad por su impacto visual, al ocultar las vidas del Alcázar y de la iglesia de San Marcos.
Los cálculos de los técnicos de Urbanismo estiman que el coste de la expropiación del inmueble, de dos plantas, teniendo en cuenta el precio del suelo, la construcción y el aprovechamiento, sería de 1,5 millones de euros. En esta cantidad no se contempla la indemnización a los propietarios por el llamado ‘lucro cesante’ que fijarán los tribunales; y, al parecer, tampoco el coste del derribo. De esta manera, el coste de la operación se elevaría como mínimo, según fuentes consultadas, a los dos millones de euros.
La pretensión inicial de IU era que el PEAHIS limitara la altura del edificio y se pudiera expropiar la segunda planta. Los técnicos de Urbanismo también han calculado esta alternativa. En este caso la expropiación de la planta superior y la reconstrucción de la cubierta a esta nueva altura supondría un coste de 1,1 millones; cantidad a la que, igualmente, habría que sumar el lucro cesante, por la pérdida de un número determinado de habitaciones para alojamiento. Con estas cifras, Peñalosa ha admitido que «saldría igual [de coste económico] derribar una planta que expropiar todo el edificio».
¿Qué piensan el resto de grupos políticos? Fuentes próximas al Gobierno municipal del PSOE, indicaron que los socialistas no son partidarios de afrontar la expropiación por su alto coste económico, con independencia de que, según los informes técnicos, el edificio es legal, dado que la licencia se concedió al amparo del Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, aprobado en 1999 con el voto del PP. Además, según añaden, el proyecto contó con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. El PP, que admite que el inmueble es «una barbaridad», era partidario de la expropiación. Sin embargo, el alto coste de la operación ha alimentado las dudas en los populares. «Nos han dado unas cifras aproximadas, sin tener en cuenta el lucro cesante, que lo decide un juez, son unas cantidades altas y lo estamos valorando», afirma Raquel Fernández, que considera que «a cualquier precio no se pueden hacer las cosas».
Sin embargo, para Luis Peñalosa (IU) «merece la pena» indemnizar a los propietarios para dejar expedita la pradera de San Marcos. En opinión de Peñalosa, «esa licencia se dio mal, se permitió más edificación de lo que sería razonable»; por lo que, según añadió, en la reparación del daño al propietario deberían «implicarse» más administraciones, como la Junta de Castilla y León, encargada de velar por el patrimonio. «Hay una responsabilidad clara del Ayuntamiento, que debería compartir los gastos de liberación de esos espacios con la Junta», afirma Peñalosa, quien asegura que «el propietario no tiene culpa de nada, sus derechos hay que respetarlos, pero existe una alarma social por este edificio y nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible, en colaboración con la Junta, para solucionarlo».
Peñalosa admite que a las cifras de expropiación aportadas por Urbanismo habría que sumar el lucro cesante, aunque cree que esta cantidad «que queda en manos de los jueces» no tendría que ser muy cuantiosa. «Otro hotel en San Marcos está cerrado, creo que no podría alegar grandes expectativas de negocio», afirma.
Un inmueble «legal».- IU trabaja por convencer a PSOE y PP de la oportunidad que ofrece el PEAHIS para eliminar de la pradera de San Marcos este inmueble, que se encuentra casi terminado. Peñalosa considera que el planeamiento urbanístico debe desautorizar el edificio y permitir al Ayuntamiento su expropiación o, en su caso, un convenio de permuta de terrenos. A cambio del edificio, que sería derribado en su totalidad, la propiedad obtendría edificabilidad en otras zonas de la ciudad.
Los técnicos de Urbanismo emitieron un informe, el pasado mes de enero, en el que concluyeron que la licencia concedida al polémico edificio que se construye en la pradera de San Marcos se ajustaba a la legalidad.
El permiso se concedió al amparo del Plan Especial de San Lorenzo, San Marcos y Valle del Eresma, el planeamiento urbanístico que estaba vigente; por lo que, a juicio de los técnicos, no podía aplicarse el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. A este respecto, cualquier movimiento del Ayuntamiento para anular la licencia y declarar ilegal el edificio supondría, como primera consecuencia, un litigio en los tribunales, con incierto resultado para el municipio.
El portavoz municipal del PSOE, Javier Giráldez, sostuvo que, de acuerdo con el informe, «en todo momento el Ayuntamiento se ha adaptado a la legalidad». Sin embargo, Peñalosa sostiene que se incumplió el PGOU de 1984 al autorizar la construcción en toda la parcela, cuando solo se permitía en el espacio que ocupaba una antigua carpintería.
La licencia municipal de obras del edificio fue concedida por el Ayuntamiento el 10 de diciembre de 2009, bajo las disposiciones generales del PGOU de 1984 y las del Plan Especial de San Lorenzo, aprobado el 3 de junio de 1999, con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
Desde el grupo del PSOE se defiende que el Ayuntamiento no puede denegar licencias si cumplen la normativa y se insiste en que las competencias en Patrimonio corresponden a la Junta de Castilla y León y, en consecuencia, cualquier acción que trate de frenar la construcción.
