La Diputación Provincial de Segovia defiende la figura actual de las mancomunidades frente a la de los distritos, planteada por la Junta de Castilla y León en su propuesta inicial de ordenación del territorio. Esta es una de las sugerencias que la institución provincial ha remitido a la Consejería de Presidencia en el documento de alegaciones generales presentado al proyecto mencionado. En este sentido, la Diputación se muestra partidaria de la asociación voluntaria de municipios, “ya que cada ayuntamiento debe poder decidir libremente si puede pertenecer o no a esa nueva asociación y evitar la creación de nuevas estructuras administrativas y políticas”. El documento, consensuado por los grupos políticos del PP y PSOE, también considera que se deben respetar el patrimonio, la singularidad y las funciones de las comunidades de villa y tierra, como fórmula histórica y centenaria de agrupación de municipios.
La corporación segoviana cree necesario garantizar el principio de autonomía de las entidades locales. “No se debe suprimir ningún municipio y se debe asegurar que mantengan su idiosincrasia, singularidad e identidad”, afirma.
También se hace referencia a que la asignación de competencias a las diferentes administraciones “debe ir acompañada de la necesaria y suficiente financiación, para hacer frente, con la calidad que por la norma competente sea exigible a tales prestaciones, con especial sensibilidad a la financiación incondicionada en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre financiación de las corporaciones locales”.
Por otro lado, a su juicio, es fundamental coordinar el proceso propiciado por la Junta con los cambios legislativos que se puedan producir en la administración respecto a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, acompasando los tiempos en los que se está desarrollando.
Diputaciones
En cuanto a las diputaciones, la de Segovia considera positivo el proceso de modernización que les afecta, pero entiende que han de respetarse algunas premisas esenciales, como redefinir su cartera de competencias y servicios, articulando una mejor colaboración con la Junta. “Debe potenciarse la cooperación económica, ajustando los planes provinciales de obras y los planes propios de la corporación a la nueva realidad, pero manteniendo el protagonismo de las diputaciones; mejorar la cooperación funcional, técnica y material con el resto de entidades locales; y la reasignación de competencias debe venir acompañada de la suficiente financiación”, concluyen.
Consenso
El diputado provincial del Área de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino, destacó que el documento de alegaciones o consideraciones enviado a la Consejería de Presidencia ha sido consensuado entre los dos grupos políticos de la Diputación, PP y PSOE. “Es un acuerdo de mínimos, referido a las cuestiones que afectan a la Diputación. Luego, cada grupo tiene sus ideas relativas a otras cuestiones del proceso, en las que no hemos entrado”, explicó.
Ambos grupos se reunieron en una comisión de Acción Terrotorial el pasado 30 de agosto, y remitieron las alegaciones al día siguiente. Hay que recordar que la Junta ha ampliado el plazo de presentación de alegaciones hasta el 20 de septiembre, después de las numerosas peticiones realizadas desde todas las entidades e instituciones. A partir de ahora, no hay fechas fijas, pero está previsto que el proyecto de ley entre en las Cortes antes de final de año.
