La Diputación Provincial de Segovia ha dado luz verde a una nueva línea de ayudas para obras, que supondrá una inversión de 5,2 millones de euros en los 208 municipios de la provincia y las 16 entidades locales menores. Del total del presupuesto, la institución provincial aportará dos tercios, mientras que los ayuntamientos asumirán el resto.
El nuevo plan de ayudas sucede a los antiguos planes provinciales de la Diputación, suspendidos tras la desaparición de las aportaciones presupuestarias que realizaban el Estado y la Junta de Castilla y León. El pleno provincial celebrado ayer aprobó por unanimidad el plan, que ha sido consensuado por los dos grupos políticos de la corporación. “Se trata de un gran esfuerzo financiero realizado por la Diputación, después de años de restricciones presupuestarias”, afirmó el diputado provincial de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino. Se estima que dicha inversión repercuta en unos 448 puestos de trabajo directos e igual número de indirectos, al desarrollarse diferentes obras y servicios gracias a estas ayudas, por lo que dará ocupación a alrededor de 1.000 personas.
Los criterios de distribución de los fondos serán los mismos que los de los planes provinciales, es decir una asignación fija por cada municipio de 14.000 euros, 3.000 euros más por cada núcleo de población que no sea la sede municipal o entidad local menor, y 15 euros por habitante, según el censo del 1 de enero de 2013.
Una de las novedades que se incorporan a esta línea de ayudas es que la aportación asignada para cada núcleo de población que no sea la sede municipal o entidad local menor deberá ser invertida en uno, en varios, o en todos los núcleos de población del municipio.
José Luis Sanz Merino destacó que estas subvenciones serán compatibles con las concedidas por otras administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de todas ellas no sobrepase el 100% del gasto. Pero serán incompatibles con otras ayudas de la Diputación para la misma finalidad.
Está previsto que con estas ayudas se ejecuten intervenciones de saneamiento, abastecimiento y distribución de agua, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, protección y mejora del medio ambiente, acondicionamiento de carreteras y caminos, promoción turística, infraetructucturas del transporte, protección y gestión del patrimonio, recursos hidráulicos y parques y jardines.
Una vez aprobada ayer en pleno la convocatoria y las bases de esta línea de ayudas, se abre un plazo de presentación de solicitudes hasta el día 31 de marzo. Cuando se hayan evaluado las peticiones, serán aprobadas en otro pleno, se adjudicarán antes del 16 de junio y las localidades tendrán hasta el 15 de noviembre para ejecutar dichas obras, y hasta el 30 del mismo para justificarlas.
El portavoz del PSOE, José Luis Aceves, puso como ejemplo la aprobación de esté plan, “de ejercicio de diálogo para llegar a un consenso”. “Se trata de un esfuerzo de esta casa, sin la colaboración de otra administración. Es una fórmula de creación de empleo, de crecimiento y de cumplimiento de servicios públicos”.
Una situación “inmejorable”
La Diputación Provincial no es una institución pública morosa. Así quedó demostrado ayer en la lectura en pleno de los informes de intervención y tesorería, sobre operaciones comerciales relativas al cuarto trimestre de 2013. Así, la institución no registra ninguna factura que exceda del periodo legal de pago, que es de 30 días. De hecho, el periodo medio de pago por parte de la Diputación en operaciones comerciales es de 8,68 días.
Durante el cuarto trimestre del pasado año 2013, la Diputación realizó 2.895 pagos, por un total de 3,8 millones de euros.
El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, valoró las cifras de la institución que dirige, y afirmó que la situación es “inmejorable”. “Ningún pago ha excedido el periodo que establece la ley, que es de 30 días, estamos sin ninguna factura pendiente de pago”, apuntó. Vázquez agradeció el esfuerzo de los servicios de Intervención y Tesorería de la institución para estar al día.
El informe de la Diputación será remitido al Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como establece la normativa sobre morosidad en operaciones comerciales del año 2010.
