La Diputación de Segovia aboga por la continuidad del actual mapa judicial de la provincia, con la permanencia de los cuatro juzgados existentes en Segovia, Santa María la Real de Nieva, Sepúlveda y Cuéllar. En este sentido, la institución provincial instará al Ministerio de Justicia a no respaldar la modificación de las demarcaciones judiciales de la provincia y a garantizar la permanencia de los cuatro partidos judiciales actuales.
El acuerdo, a propuesta del PSOE, fue adoptado por unanimidad. El Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 3 de mayo un nuevo mapa judicial, “sometido a unos principios y criterios básicos para la demarcación judicial que se alejan de la realidad rural de nuestro país, al estar basados en criterios de población esencialmente”, según expuso el portavoz del PSOE, José Luis Aceves. Esos criterios establecen que las circunscripciones judiciales tendrán una población superior a los 100.000 habitantes.
“Este planteamiento olvida totalmente la realidad histórica, social y geográfica de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia”, reiteró Aceves. “No pueden invocarse principios de eficiencia, mejora de la calidad y ahorro económico para la administración, cuando no hay dato que avale que la supresión de partidos judiciales conllevará la consecución de tales objetivos. Lo que sí está acreditado es que de llevarse a cabo la amputación de los órganos judiciales existentes en el ámbito rural, supondrá un alejamiento incomprensible de la justicia de los habitantes de muchos de nuestros pueblos, con lo que perderán un servicio más a los que podían acceder con cierta cercanía”, señaló el portavoz de la oposición.
La propuesta del Consejo General del Poder Judicial será sometida a informe de los tribunales superiores de justicia y posteriormente llevada al Ministerio de Justicia, que será, en último término, responsable de la propuesta judicial.
Por otro lado, el pleno provincial también rechazó por unanimidad la supresión, fusión o agrupación de ayuntamientos en el territorio de la provincia, “salvo las que voluntariamente empiecen por iniciativa propia y voluntaria los propios municipios, con arreglo a la legislación vigente”.
Este acuerdo es la respuesta de la Diputación al recién aprobado Programa de Estabilidad 2012-15 y Programa Nacional de Reformas 2012, que incluye la “racionalización del número de municipios”.
BANKIA en la provincia
La corporación provincial pedirá a Bankia que mantenga sus oficinas y servicios en el entorno rural, para evitar que se pierdan también los servicios bancarios, una situación que contribuiría al desarraigo y a la despoblación. También demandará a la entidad bancaria que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus empleados en la provincia, y se comprometa a que la Obra Social de Caja Segovia mantenga sus niveles de actividad conforme a los pasados ejercicios.
El acuerdo llegó tras la presentación de una moción por el grupo socialista, argumentando que la imagen de Caja Segovia está asociada a una labor de cercanía con sus clientes a lo largo y ancho de la provincia. “En muchos municipios de la provincia están desapareciendo oficinas, otras abren y cierran en horarios poco concretos, y con ello el desconcierto de muchos segovianos es importante”, manifestó el portavoz del PSOE, José Luis Aceves.
Desde la oposición cuestionan que los últimos acontecimientos con la nacionalización de un 45 por ciento de la entidad y el anuncio de la redacción de un plan de viabilidad, “hacen pensar que se pueden producir en el seno de la entidad decisiones drásticas como el cierre de oficinas o la supresión de puestos de trabajo y el consiguiente despido de trabajadores”. “Entendemos que después de la integración de Caja Segovia en Bankia ya no debe producirse ninguna reducción del personal que en su día pertenecía a nuestra caja provincial, por lo que cualquier reestructuración que se ac0meta deberá garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo”. Por ello la Diputación, pedirá que se mantengan las oficinas y servicios de Caja Segovia en el entorno rural para evitar que se pierdan servicios bancarios, y que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo de la provincia.
