Las dificultades para hallar pruebas fehacientes que acrediten la comisión de un delito contra la libertad sexual ante los tribunales suponen un lastre para su resolución, aunque la evolución social hacia la percepción de este tipo de hechos ha marcado positivamente la concienciación sobre la importancia de denunciar e informar cualquier tipo de episodio de esta índole. Con estas conclusiones, el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia Ignacio Pando Echevarría subrayó ante más de medio centenar de profesionales del Derecho de la provincia los tipos penales y los criterios jurisprudenciales de los delitos contra la libertad sexual en el ordenamiento jurídico en el marco de las Jornadas de Formación Continua sobre violencia de género organizadas por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, que comenzaron ayer en la sede del Colegio de Abogados de Segovia.
En declaraciones a los periodistas, Pando aseguró que los delitos contra la libertad sexual constituyen «quizás» el ámbito en el que mejor se ve la evolución social, precisamente por la materia sobre la que versa. Así, recordó que en 1995 el Código Penal los definía como «delitos contra la honestidad», mientras que ahora se observa que se ha producido una modificación «muy profunda», al igual que ha ocurrido en el seno de la propia sociedad española .
Igualmente, manifestó que a la Audiencia Provincial llegan más delitos por esos tipos penales que hace unos años y ha matizado que en este ámbito se contabilizan a nivel de enjuiciamiento, recursos y apelaciones.
El magistrado valoró la importancia del turno de oficio como el primer estamento judicial al que las víctimas de violencia de género acuden para denunciar un hecho delictivo de estas características, y aseguró que su labor de ayuda, asesoramiento y defensa es “impresionante, sobre todo para la gente que no puede hacerlo”.
El resto de intervenciones en la primera de las dos jornadas formativas ahondaron en aspectos técnicos y jurídicos sobre este tipo de delitos. Así, el magistrado de la Audiencia Provincial Jesús Marina puso de manifiesto la importancia del valor probatorio de los medios telemáticos en delitos cometidos a través de los mismos, y subrayó la evolución de la jurisprudencia en esta materia para incorporar las nuevas tecnologías tanto para la investigación como para la prueba de estas infracciones. Por su parte, la fiscal de la Audiencia Provincial Virginia Hidalgo habló sobre la acusación en los delitos contra la libertad sexual.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, valoró la importancia de que los abogados participen en este tipo de convocatorias, que además suponen el restablecimiento de la colaboración con el Gobierno regional tras algunos momentos de “tensiones” que finalmente han podido superarse en beneficio del bien común. Así, el también decano del Colegio de Abogados de Segovia puso de manifiesto que la formación redundará en el desarrollo de un servicio profesional «de excelencia y de calidad».
