Izquierda Unida, personado como acusación popular en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia, hace una valoración positiva del auto de la Audiencia Provincial que pide al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia que termine ya con la investigación del caso y abra el juicio oral.
Así lo expusieron ayer el coordinador provincial del grupo, José Ángel Frías, y el abogado de IU que lleva el caso, Alberto López Villa, quien aseguró que “estamos muy satisfechos por el contenido del auto, porque ha acogido las tesis de las acusaciones y dice que hay indicios de criminalidad en hechos incuestionados”, es decir, en el plan de prejubilaciones del que se beneficiaron ocho directivos de Caja Segovia, aprobado poco antes de que la entidad desapareciera y se integrara en BFA —germen de la actual Bankia—.
Sin embargo, explicó López Villa que las defensas de los investigados están intentando que no se llegue al juicio oral, que no se reúnan las pruebas y, de este modo, que no haya condena. En este sentido, mostró ayer el escrito presentado por la defensa de una de las investigadas, con el que pretende deslegitimizar a la Fundación Caja Segovia, que actualmente está personada como acusación particular —es decir, como víctima de los delitos, al ser la entidad perjudicada—, para que pase a ser considerada acusación popular.
Si esta petición de la defensa prosperara, indicó el abogado de IU, podría darse la paradoja de que, en el caso de que los investigados tuvieran que devolver el dinero, no se supiera a quién tendrían que reembolsárselo, ya que no habría acusación particular.
Además, “aquí vemos la diferencia de criterio que hay entre los delincuentes comunes y los que no están acostumbrados a los banquillos”, añadió el abogado, lamentando la actitud de la Fiscalía en este caso.
Por su parte, José Ángel Frías aseguró que Izquierda Unida seguirá personada en el caso como acusación popular, “representando a la mayoría social” y lo hará con el dinero que aportan para ello sus cargos públicos, sus afiliados y sus simpatizantes, aún a riesgo de que sea dinero perdido, dijo.
Asimismo, lamentó que algunas de las personas implicadas en este caso sigan ocupando cargos relevantes dentro de sus partidos políticos y que no se hayan tomado medidas a este respecto y se preguntó “¿qué ha hecho la consejería de Economía viendo que han fallado todos sus controles?, ¿y el Gobierno de Mariano Rajoy? Eso sí, solo fallan los controles cuando es gente de su partido, porque cuando uno no paga a Hacienda sí que funcionan”.
Las acusaciones están ahora preparando su participación en el futuro juicio oral, para el que aún no hay fecha.
