Los ministros de Agricultura de la UE continúan al cierre de esta edición a puerta cerrada una sesión de negociaciones que se preveía pública para tratar de acercar posiciones sobre la reforma de la PAC, con importantes diferencias en elementos como la prórroga de la cuota del azúcar, la flexibilización en la convergencia interna de las ayudas en cada país y el margen para repartir pagos acoplados -vinculados a la producción.
En un receso de las negociaciones, el ministro irlandés, Simon Coveney, que este semestre ejerce la presidencia de turno de la UE, calificó de diametralmente opuestas los puntos de vista de varios Estados sobre el porcentaje del sobre nacional que se debería permitir asignar a ayudas acopladas.
La última propuesta de acuerdo que Irlanda ha puesto sobre la mesa ofrece un 12% de apoyos acoplados, un margen que no llega al 15% que defienden países como España, Francia, Italia y Polonia, pero que mejora el 10% previsto en documentos anteriores.
También queda por aclarar si los 27 acuerdan extender el grupo de sectores que se podrían ver beneficiados por las ayudas vinculadas a la producción, entre los que España querría que estuviera la ganadería, el tabaco y el algodón.
Otro de los elementos que Coveney considera «más difíciles» para lograr un consenso es la prórroga del sistema de cuotas de producción del azúcar que pide un grupo de países, entre los que está España, y frenar así la liberalización del sector revista para 2016. La fecha que está ahora sobre la mesa es 2017 y el ministro irlandés ha opinado que esa es la «más temprana» que se puede barajar para lograr el acuerdo.
La convergencia interna que pide Bruselas para que todos los agricultores de un mismo país reciban el mismo nivel de ayudas independientemente de su región o producción es otro de los elementos más espinosos que continúan abiertos.
España, apoyada por Francia, pide flexibilizar este reequilibrio, pero tiene la oposición de países que, como Alemania, ya aplican un pago regionalizado y no ven razón para suavizar la regla.
Lo que propone la presidencia como solución es limitar esa aproximación entre las ayudas al 30% de la diferencia que separa la media de pago en una región del 90% de esa media, una opción que satisfaría los intereses españoles.
Otra de las líneas de batalla de Arias Cañete es el reconocimiento del potencial medioambiental de cultivos permanentes como el olivar y la viña para que reciban el llamado ‘pago verde’ o ‘greening’, es decir el 30% de las ayudas directas que estarán condicionadas a esfuerzos ecológicos, sin que se les reclame medidas adicionales.
Sobre este asunto, la propuesta de compromiso que examinan los ministros aboga por considerar equivalentes a las prácticas del ‘greening’ los cultivos permanentes terrenos con al menos un 10 % de pendiente o con entre 20 y 250 árboles por hectárea.
