La contabilidad que se realizó de Bankia en los tiempos en los que Rodrigo Rato ocupó la presidencia de la entidad fue correcta, según apuntan las aclaraciones que el Banco de España ofreció al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las provisiones de una entidad de crédito, entre otras cosas.
El juez solicitó al organismo que dirige Luis María Linde que remitiera al Juzgado Central de Instrucción número 4 un escrito de marzo de 2015 dirigido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para dar respuesta a una serie de consultas sobre el ‘criterio técnico’ del Banco de España sobre determinadas cuestiones reguladas en la Circular 4/2004 sobre normas de información financiera, pública y reservada y modelos de estados financieros de las entidades de crédito.
Entre otras cuestiones, el magistrado quería conocer si podían utilizarse las provisiones genéricas de una entidad de crédito para cubrir posteriormente deterioros adicionales “cuya necesidad se haya identificado en exposiciones concretas”.
En un documento compuesto de cuatro páginas, el Banco de España precisa que, atendiendo a la circular, “las dotaciones específicas adicionales requeridas para cubrir los nuevos deterioros identificados no tendrían efecto alguno en los resultados y el patrimonio neto de la entidad siempre que existiera provisión genérica suficiente”.
Esta aclaración concuerda con lo afirmado por el perito independiente Leandro Cañibano en su informe hecho público a comienzos de año, en el que indicaba que los peritos del Banco de España que cuestionaban la salida a Bolsa y las cuentas de la entidad no tuvieron en cuenta la provisión genérica para calcular la incidencia de los supuestos errores contables en la determinación del patrimonio y los resultados del ejercicio de BFA y de Bankia, “pasando por alto” que los ajustes que proponían, si se hubieran realizado, “no habrían afectado ni al patrimonio ni a los resultados” de ambas entidades, ya que había dinero suficiente.
Cañibano insistía en que las provisiones de la entidad eran “superiores a los montantes” propuestos por los peritos del Banco de España —2.154 millones de euros en el caso de Antonio Busquets y 1.800 millones de euros en el caso de Víctor Sánchez—, quienes no tuvieron en cuenta las provisiones genéricas, centrándose solo en las específicas.
