A comienzos de esta semana desaparecían las casetas de obra de la finca del barrio de Nueva Segovia donde se está construyendo el futuro centro específico de Formación Profesional. Esta misma semana unos trabajadores de la obra comunicaban en la Dirección Provincial de Educación que “se iban porque no recibían materiales y no podían trabajar”, según han informado fuentes de la Administración educativa. Y finalmente ayer el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez Belloso, confirmó lo que ya era una evidencia: “La empresa Begar, encargada de construir el centro de Formación Profesional, ha abandonado los trabajos en el barrio de Nueva Segovia”. Para Rodríguez Belloso esta paralización es “un efecto más de la crisis económica”. Hay que señalar que distintos periódicos de la región informaron el pasado viernes que un grupo de acreedores había presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid solicitud de concurso de acreedores contra el grupo de construcción Begar.
La paralización de las obras del instituto de FP ha sido comunicada desde el departamento provincial de Educación a la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Servicios de la Consejería de Educación para que busque con celeridad una solución que permita reanudar la construcción y poner en funcionamiento el centro en el curso 2010/2011.
La última programación que la Administración había hecho pública consistía en concluir los trabajos, ya muy avanzados, antes de terminar 2009 y dedicar el primer semestre del próximo año a equipar las instalaciones e ir realizando progresivamente el traslado de equipos de los tres institutos de los que parten los estudios que acogerá el centro específico de FP, “María Moliner”, “La Albuera” y “Ezequiel González”. Rodríguez Belloso considera que disponen de un margen de tiempo suficiente como para no sufrir más retrasos, pero cree que hay que buscar con rapidez una alternativa a la situación creada, que podría pasar por el hecho de que Begar cediera a la Junta la obra, que ha superado el 60 por ciento, para que la Administración pueda contratar a otra empresa que la termine.
