El Estado destinó 380,46 millones de euros en ayudas transferidas a las comunidades autónomas dirigidas al empleo de colectivos con mayor dificultad en el acceso o permanencia a un puesto de trabajo, tales como personas discapacitadas, víctimas de la violencia de género, del terrorismo o con responsabilidades familiares. De esta cuantía, Castilla y León recibió 21,3 millones, casi cuatro veces menos que Andalucía, que fue la Autonomía que más subvención recibió.
Así se desprende de la respuesta que el Gobierno dio al diputado de PDeCAT Carles Campuzano, adscrito al Grupo Mixto, quien en enero preguntó por la cantidad transferida a las comunidades autónomas para subvencionar el empleo de personas con alguna discapacidad.