El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó ayer, a la salida del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los «avances» para la Comunidad en el reparto de los fondos del nivel acordado, ya que Castilla y León pasará de de recibir el 7,8 por ciento al 8,2 por ciento, lo que no se traducirá en un importante incremento debido a la congelación aplicada este año.
Antón resaltó que la financiación de la Dependencia por parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «sigue siendo insuficiente en su conjunto». «Prueba clara de ello», añadió el consejero, «es que la cuantía que se repartíaentre las comunidades autónomas es la misma que el año pasado para todo el conjunto del Estado, 283 millones, «a pesar de que en 2010 se pondrán en marcha nuevos grados y niveles y aumentarán las prestaciones».
El consejero destacó que Castilla y León representa el ocho por ciento de la población potencialmente dependiente pero recibía el 7,86 por ciento del nivel acordado. «Hemos trabajado haciendo propuestas constructivas, lógicas y coherentes para mejorar la posición en el reparto de 2010», destacó. Fruto de ese trabajo, la Consejería ha logrado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad que le permitirá recibir el 8,2 por ciento de todos los fondos, una cantidad que, sin embargo, apenas superará los 22 millones de 2009 por la congelación de presupuestos.
También reconoció «avances» en los nuevos criterios de reparto. En este punto, Castilla y León ha luchado por que se reconozca, además de la población dependiente, a las comunidades que estaban a la cabeza en la aplicación de la ley. «Se han introducido esas variables en el reparto», apuntó el consejero, a través de la ponderación de los dictámenes, los programas individualizados de atención y las prestaciones de servicio.
Nuevo marco
El nuevo marco acordado entre las comunidades y el Ministerio será de carácter plurianual, en este caso hasta 2013 para aportar mayor estabilidad. El nuevo sistema presta más importancia a la atención efectiva de los dependientes en detrimento del reparto basado en la población potencialmente dependiente, que según informó el Ministerio irá perdiendo peso hasta 2013. Un aspecto con el que el consejero se mostró en desacuerdo.
A partir de ahora, el 56 por ciento del dinero se repartirá de acuerdo al número de personas efectivamente atendidas, los servicios de dependencia prestados y el cumplimiento de los acuerdos. Hasta ahora, el 80 por ciento se concedía en función de la población potencialmente dependiente y el 20 por ciento en función de los solicitantes. El Ministerio repartirá 283 millones y para su distribución se tomarán como referencia los datos que remitan las comunidades a 1 de julio.
Respecto a la mejora del baremo, el consejero pidió un tiempo de un año para la formación, explicación y preparación del nuevo Real Decreto, de tal modo que no se cometan «los mismos errores que antes», una propuesta que el Consejo acogió.
El principal objetivo es garantizar una evolución homogénea. Para ello, se tendrá en cuenta la frecuencia con que los solicitantes pueden realizar determinadas tareas y la mejora de los manuales de aplicación, entre otros. Además, se elaborarán guías metodológicas para las distintas enfermedades y protocolos de control de calidad. El nuevo baremo entrará en vigor un año después de la publicación del Real Decreto, pero las personas ya valoradas no tendrá que serlo de nuevo.
