La decisión de Bruselas de considerar ilegales las ayudas que los astilleros españoles recibieron mediante bonificaciones fiscales y de exigir que se devuelvan las subvenciones de entre 2007 y 2011 cayó ayer como un jarro de agua fría en España, donde el Gobierno se plantea recurrirla ante el Tribunal de Europeo de Justicia (TUE).
La Comisión pidió a España que recupere las ayudas ilegales concedidas mediante el sistema del tax lease entre dichos años. El dinero de esas subvenciones deberán reembolsarlo los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
La decisión final se adoptó después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según informaron fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno de Mariano Rajoy en este expediente y reclamó hasta el último momento que solo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión suavizó la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema nacional. Los astilleros han afirmado que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión no desveló la cifra total de ayudas que deben reintegrarse. Soria insistió en que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. Bruselas ha señalado que corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Comisión, los beneficiarios de la bonificaciones «no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros».
El Ejecutivo europeo consideró que el régimen de ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una «ventaja selectiva» a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo al «principio de seguridad jurídica», la Comisión decidió no pedir el dinero de las ayudas dadas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.
Por su parte, el Ejecutivo popular afirmó que se reserva el derecho a recurrir a la Justicia europea la decisión de Bruselas, según el Ministerio de Hacienda. La determinación aún no está tomada, ya que el Gabinete quiere antes analizar con detalle el contenido del texto de la CE, que afecta, principalmente, a los inversores que financiaron la construcción de los buques.
No obstante, Almunia se mostró «confiado» en que el sector naval español pueda superar «con éxito» las actuales dificultades y reiteró que Bruselas garantiza que, sobre la base del «respeto a las normas», el control que se lleve a cabo no será un obstáculo para el «brillante» futuro de los astilleros.
