La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesaria mayor transparencia, publicidad y competencia en los procedimientos de contratación pública, con el fin de facilitar mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.
Según la CNMC, la pervivencia de problemas estructurales en la contratación pública no permite garantizar el mantenimiento de la concurrencia efectiva en los mercados. Y cuando la competencia falla, dice, se produce una pérdida de eficiencia económica y un “innecesario” desaprovechamiento de recursos públicos.
En concreto, estima que la ausencia de presión concurrencial puede originar desviaciones medias al alza del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, según los cálculos de la CNMC, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente unos 47.500 millones de euros al año.
En este escenario, el organismo considera “esencial” diagnosticar correctamente los problemas actuales en la contratación y el aprovisionamiento, y apuesta por potenciar sus instrumentos en sus áreas de competencia, así como por colaborar con las autoridades públicas para asegurar la máxima tensión competitiva posible antes, durante y después de cada contratación pública.
Para conseguirlo, reclama más transparencia y publicidad y se inclina por desarrollar mejoras en el acceso a la información para los licitadores (motivación del procedimiento elegido, criterios de selección y valoración, etc).
De la misma forma, apuesta por evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva de la contratación, tanto por parte del órgano de contratación, que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido, como por parte de un organismo externo especializado.
Asimismo, resalta la importancia de aprovechar más las tecnologías de la información, puesto que la contratación pública no puede ser ajena al desarrollo tecnológico.
Según la CNMC, estos avances se pueden utilizar para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones, globales e interoperables que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados. Por otro lado, recomienda implementar una mayor cooperación administrativa.
