La sección sindical del sindicato ACAIP en el Centro Penitenciario de Segovia ha hecho público su preocupación por el exceso de ocupación que sufre la cárcel segoviana, que actualmente supera en un 54,31 por ciento la capacidad de reclusos que puede albergar.
Según los datos facilitados por el sindicato, a finales del mes de octubre, el centro penitenciario radicado en Perogordo albergaba a 603 hombres y cinco mujeres, siendo el número de plazas funcionales de 394, lo que supone una tasa de hacinamiento del 154,31 por ciento. Este porcentaje engloba no sólo el centro penitenciario, sino también el Centro de Inserción social, que actualmente alberga a 51 internos y dispone de 50 celdas,
Para ACAIP, el colapso de otros centros próximos como Soto del Real ha llevado a trasladar reclusos a Segovia, que ha albergado a 100 internos procedentes de este centro. El sindicato explica que estos internos se encuentran en situación de preventivos —en espera de juicio— por lo que en verano, con los juzgados de vacaciones, la población reclusa de la cárcel de Segovia ha superado los 650 internos.
ACAIP señala que actualmente el 47,53 por ciento de los reclusos de la cárcel son extranjeros, albergando personas de hasta 43 nacionalidades diferentes, aunque marroquíes (24,22%) colombianos (17,30%) y dominicanos (9,34%) son los más numerosos.
En cuanto a la plantilla de funcionarios, ACAIP señala que está diseñada para una población interna de 350 internos ; y con el cierre de la sección abierta en la antigua prisión provincial y la apertura del CIS “Antón Oneca” se ha duplicado el número de funcionarios que realizan servicio allí, pero la plantilla “no ha aumentado, sino que ha disminuido por las constantes comisiones de servicio que se crean, por lo que debemos cubrir más servicios con menos funcionarios”.
Por otra parte, ACAIP denuncia que las nuevas directrices emanadas de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios “han modificado y complicado el día a día del funcionamiento de esta prisión”, y ponen como ejemplos la asunción del control de las sanciones penales de los trabajos a beneficio de la comunidad “prácticamente sin dotación de personal en las oficinas de gestión de penas y medidas alternativas”
