A punto de que se cumplan siete años de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo, por cuyo asesinato fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel Miguel Carcaño, la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía Nacional se hace cargo de las diligencias relativas a la búsqueda del cadáver de la joven.
El cuerpo policial, dependiente directamente del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, releva así al Grupo de Menores (Grume), que hasta ahora tenía encomendada esta misión, toda vez que a comienzos del pasado año 2015 la Policía Nacional desplegase la última gran operación de búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, desaparecida el 24 de enero de 2009.
A mediados del pasado año, el padre de Marta del Castillo anunciaba tras un encuentro con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que la Policía Nacional había decidido “encauzar” la búsqueda del cuerpo de su hija “por otros sitios” tras “parar” en la escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas y Sevilla.
“Hay que dejarlos trabajar tranquilos, más encubiertamente”, manifestaba aquellos días Antonio del Castillo, quien aseguraba desconocer los nuevos “sitios” barajados por la Policía Nacional para continuar con las labores de búsqueda del cuerpo, si bien mostraba “confianza y seguridad” en los agentes.
Casi en paralelo, la Fiscalía se oponía de nuevo a la petición realizada por los padres de Marta del Castillo para que se reabriese la causa seguida contra Miguel Carcaño, condenado por la muerte de la joven, por un nuevo delito contra la integridad moral derivado del supuesto daño causado a la familia de la joven con su penúltima versión de los hechos, cuando dijo que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, quien la mató tras golpearla con la culata de una pistola y que, posteriormente, la enterraron en la finca ‘Majaloba’ de La Rinconada.
Recientemente, y también con relación al asunto, el juez de lo Penal número 10 de Sevilla condenaba a pagar una multa de 2.520 euros a los padres del ‘Cuco’, condenado por encubrimiento del crimen, y al supuesto infiltrado que entregó al juez más de 600 horas de conversaciones grabadas en el entorno y en la familia del ‘Cuco’, por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta del Castillo.
Sobre la figura del supuesto infiltrado, por cierto, un agente del Grupo de Menores de la Policía Nacional que se encargó de la investigación de la desaparición y muerte de Marta del Castillo aseguraba en sede judicial que esta persona no era más que un “delincuente”.
