Si alguna virtud tienen los atentados de ETA, es su capacidad para reverdecer los lazos de unión entre los demócratas frente al terrorismo. Así, la explosión ayer de una furgoneta bomba frente a la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Burgos, que se saldó con 64 heridos leves y cuantiosísimos daños materiales, sirvió una vez más como aglutinador de los partidos, que reiteraron su enérgica condena y recordaron a la banda que su único destino es la disolución sin condiciones, y a los pistoleros que solo les espera la cárcel.
Como abanderado del Gobierno, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó que la bomba estaba «pensada para hacer daño a familias, por lo que es adicionalmente canalla».
Su compañero y titular de Justicia, Francisco Caamaño, quiso trasladar «el máximo apoyo y solidaridad» del Ejecutivo hacia las víctimas, expresó su repulsa «más enérgica» y avisó a los terroristas de que «serán localizados y acabarán en la cárcel», ya que el Estado de Derecho será aplicado «con el máximo rigor».
Muy similares fueron las palabras del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, quien censuró que ETA haya buscado «una matanza indiscriminada» atacando un inmueble en el que había incluso «mujeres embarazadas y niños». «Toda la sociedad condena el atentado y toda la sociedad y el Gobierno tienen también la seguridad de que ETA será derrotada y los que cometen estos atentados terminarán todos ante la justicia y entre rejas», proclamó.
Tampoco varió mucho el discurso del líder del PP, Mariano Rajoy, quien, además de censurar el ataque, mostró su «solidaridad» y «afecto» a la Guardia Civil, «cuyo esfuerzo y sacrificio garantizan la libertad de los españoles».
Menos previsible fue el análisis realizado por el también popular Jaime Mayor Oreja, quien interpretó que el atentado de Burgos es una «advertencia» de ETA, que «pretende una segunda parte del proceso de negociación».
En opinión del eurodiputado vasco, la estrategia de la banda pasaba por ayudar al desalojo del PNV del Gobierno vasco para «radicalizar al nacionalismo cultural y sindical» y preparar así su «aterrizaje político». Y, tras la radicalización, acceder a los ayuntamientos en las próximas elecciones municipales para buscar un «aterrizaje» que les ofrezca cobertura «política, social y financiera».
Ante esta estrategia, el conservador propuso que los partidos «solemnicen el compromiso de no volver a negociar con ETA». «Hoy es fácil rechazar la negociación, pero bastan dos gestos, por pequeños que sean, para que se produzca una narcotización colectiva», advirtió Mayor.
También dejó oír su voz la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que lamentó que el «único modo de sobrevivir» que tiene la organización asesina es «morir matando», condenó el atentado y envió su solidaridad a los afectados. «ETA solo tiene un camino y ese es el de su desaparición. En sus manos está decidir cuánto más dolor quieren cargar en sus conciencias», proclamó el colectivo dirigido por Juan Antonio García Casquero.
Frente a ese monolitismo de los demócratas, cabe destacar la criminal reacción de la denominada izquierda abertzale, reiteradamente condenada por la Justicia como parte del entramado asesino pero que sigue desplegando su actividad política con absoluta normalidad.
Lejos de condenar el intento de masacre, los proetarras afirmaron en San Sebastián que el nuevo ataque «demuestra que la derrota policial de ETA es una quimera» y, tras recordar que la banda terrorista apuesta por una «solución negociada al conflicto», se ofrecieron a abrir «cauces de diálogo político».
«La actual dinámica de represión y respuesta a la que el Estado español quiere condenar al pueblo vasco, e incluso a la propia sociedad española debe dar paso a una dinámica de diálogo», proclamaron los lacayos de los asesinos antes de continuar tomando vinos por el casco viejo donostiarra.
