La crisis económica no solo ralentiza la actividad y engrosa escandalosamente la lista de nuevos desempleados, sino que, además, se traduce en el traspaso de una gran cartera de viviendas de manos de las promotoras y los particulares endeudados a las entidades financieras que, obligadas por las circunstancias, estudian a marchas forzadas cómo gestionar estos activos y toman posiciones para su entrada de lleno en un negocio que no es el suyo y que, tradicionalmente les ha dado muchos más quebraderos de cabeza que alegrías en forma de beneficios.
De forma conjunta o individualmente, cajas y bancos estudian desde hace ya meses cuáles son las posibilidades de gestión de los miles de viviendas de obra nueva con las que se han hecho como resultado de la ejecución de los créditos impagados que tenían suscritos los promotores y a resultas de los embargos a particulares de los pisos usados.
Entidades como el Santander, BBVA, Banco Popular, Banesto, Caixa Catalunya, Banco Pastor, Caixa Terrassa, Caixa Tarragona y Caixa Penedès ya están dando salida a su creciente stock de inmuebles mediante su venta a empleados o clientes, en algunos casos con rebajas que llegan hasta el 30 por ciento del valor del piso según los tasadores.
Muchas de las casas en oferta proceden de promociones inmobiliarias sin vender y que están financiadas por las cajas o bancos, de modo que las entidades han optado por quedárselas en propiedad para así evitar computarlas como créditos impagados.
Según los últimos datos del Banco de España, al cierre de 2008, en conjunto, bancos y cajas contaban en sus balances con activos inmobiliarios por importe de 19.821 millones de euros, el 8% más que un año antes. Son precisamente las cajas las que cuentan con más inmuebles (el 72% del total), valorados en 14.324 millones, el 9,6% más que en 2007, mientras que los bancos tenían activos por 3.528 millones de euros, el 1,2% más.
Pero es precisamente la heterogeneidad de estos bienes raíces que lo que dificulta darles salida, por lo que muchas entidades han optado por unirse y crear sociedades a través de las que canalizar el suelo y las viviendas a la venta o en alquiler. Esta iniciativa está muy bien vista por el sector constructor, hasta el punto de que la Asociación de Promotores de España firmó recientemente un acuerdo con el Santander para vender sus pisos con descuentos y financiación asegurada, una iniciativa que pronto podría extenderse.
Ni casas, ni corrupción
En una aplicación algo forzada del clásico dicho no hay mal que por bien no venga, el juez que instruyó el caso Malaya contra la corrupción urbanística generalizada en la localidad malagueña de Marbella, Miguel Ángel Torres, proclamó ayer que la crisis económica tiene la virtud de estar liquidando de manera implacable la corrupción urbanística asociada al sector de la construcción.
«El ladrillo es la gallina de los huevos de oro» que ha convertido a muchos en millonarios sin que sean siquiera «conscientes» de la corrupción que genera, argumentó el magistrado.
El hoy titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, que fue uno de los ponentes en el Segundo Congreso de Estudios Penales, donde habló, cómo no, de los desmanes cometidos por Juan Antonio Roca y sus secuaces, destacó asimismo el potencial de la andaluza Costa del Sol para «para hacerse rico».
No obstante, a juicio del togado, Marbella no es ni siquiera la oveja negra del litoral español. Y, de la misma manera que no es la única localidad podrida, Torres vaticina que no será la última.
De hecho, el magistrado está convencido de que habrá otros casos similares si no se aprende la lección de la crisis y se mantiene el modelo basado en la construcción y los alcaldes conservan su «inmenso poder» sobre el urbanismo. «Las administraciones han permitido, e incluso fomentado, que muchos hagan lo que quieran, de hecho, no se investigó antes porque a nadie le interesaba que saliera», resumió.
