El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ayer procesó a seis miembros de ETA y siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por colaborar para atentar contra altos cargos colombianos en España, aseguró que existen indicios de la «cooperación» del Gobierno de Venezuela en la alianza de los dos grupos terroristas. Así figura en un auto en el que Velasco dicta orden de busca y captura para 12 de los procesados. Ante estas afirmaciones, respaldadas por el Ejecutivo de Madrid, el presidente del país sudamericano, Hugo Chávez, no tardó en responder y calificó la acusación de «inaceptable».
El magistrado denuncia la «cooperación gubernamental» de Caracas «en la ilícita colaboración» entre ambos grupos violentos, que compartían información sobre el manejo de explosivos, e intentaron cometer juntos varios asesinatos, entre ellos el de los presidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
Entre los reclamados se encuentra el etarra Arturo Cubillas, que en octubre de 2005 fue nombrado director asdcrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras por el Ejecutivo de Venezuela, mientras era responsable del colectivo de ETA en ese país desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC. El auto recuerda que en 1990 se casó con la venezolana Goizeder Odriozola, que ocupa desde 2007 el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio del Poder popular para el Deporte.
Velasco también detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC -Edgar Gustavo Navarro, El Mocho, y Víctor Ramón Vargas, Chato- se trasladaron a España y pidieron «colaboración» a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y «más recientemente», trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.
La investigación, que parte de los 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de la banda sudamericana Luis Edgar Devia, Raúl Reyes, concluye que los contactos entre los dos grupos contemplaban la realización de cursos de adiestramiento a miembros de ETA en la selva colombiana y venezolana a cambio de la «localización en España de objetivos de acción terrorista por parte de las FARC» y formación en «las técnicas más modernas de guerrilla urbana».
En 2007, dos etarras impartieron en una finca de la selva venezolana cercana a Guadalito, un curso teórico- práctico de unos 20 días a 13 miembros de las milicias colombianas sobre el manejo del explosivo C-4, de fácil adquisición en Venezuela, y la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.
Los asistentes a este curso fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar.
Además, otros cuatro miembros del grupo español acudieron a campamentos de las FARC en el país presidido por Chávez entre 2003 y 2007 para dar cursos sobre artefactos iniciados por movimiento y mediante la utilización de teléfonos móviles. A su salida fueron sustituidos por otros dos etarras no identificados.
En diciembre de 2003, otros cuatro militantes vascos asistieron a unas clases sobre el manejo de misiles tierra-aire, que ETA comenzó a utilizar poco después, como demostraría la incautación de este tipo de proyectiles a Mikel Albisu, Mikel Antza; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Ante este auto, el Ejecutivo español pidió ayer explicaciones a Venezuela, respaldando así las manifestaciones del juez Velasco, y uno de los presidentes de Colombia que fueron objetivo de las bandas, Andrés Pastrana, solicitó a Chávez «las aclaraciones necesarias». Zapatero indicó que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, «ha hecho la oportuna gestión» ante Caracas para que dé una constatación ante estas informaciones.
La respuesta de Venezuela fue clara, después de que el Gobierno de Chávez calificara en un comunicado de «tendenciosa» e «inaceptable» la acusación del magistrado.
