La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el levantamiento del embargo de parte de los bienes y depósitos del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en concreto, de aquellos que no hayan quedado afectados por el bloqueo por importe de 18 de millones de euros. En un auto hecho público ayer, los magistrados explicaron que el juzgado de guardia que asumió las actuaciones cuando se produjo la detención del exministro de Economía, el pasado mes de abril, decretó el bloqueo de todos sus bienes y cuentas. Posteriormente, el juez Antonio Serrano-Arnal, que asumió la instrucción, fijó una caución de 18 millones y embargó depósitos e inmuebles por este importe.
El magistrado levantó después la medida cautelar acordada por el juzgado de guardia —el embargo completo— y la prohibición de que Rato dispusiera “de determinados inmuebles”. Esta decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción que apuntó que aún se desconoce si los bienes que se mantienen embargados cubren realmente el importe de 18 millones.
Además, la Audiencia Provincial confirmó la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En esa misma línea, Antonio Serrano-Arnal, decidió imputar a uno de los ocho testigos a los que tomó declaración, lo que eleva a 11 el número de imputados en la causa en la que se investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El magistrado interrogó a lo largo de la mañana a dos directivos y dos cargos intermedios de Bankia. Fuentes jurídicas informaron de que a ninguno de ellos se le ha atribuido la comisión de delitos.
La investigación judicial sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno se centra en una “red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países”, concretó la Audiencia Provincial en el auto publicado ayer. En ese mismo escrito en el que el órgano judicial confirmó la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo, los magistrados se refieren en varias ocasiones a la “solidez” de las pruebas que obran en la causa y que afectan no sólo a éste imputado, si no también “a otras personas” vinculadas con la trama.
Aseguraron que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pueden calificarse como “pobres ni incompletos” y “mucho menos de incoherentes”. Apuntaron además al cobro de comisiones irregulares a cambio de la concesión de contratos de publicidad de Bankia, parte de las cuales habrían terminado en manos de Rato. El auto describe operaciones contractuales que, desde Bankia, recorren todas y cada una de las empresas que se encuentran dentro del marco de la investigación y “dan curso al dinero”. La cantidad —agregó— “no es baladí en absoluto; todo indica que ha sido sustancial”.
