El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, rechazó asumir la causa abierta contra el presidente de Vitaldent y otros miembros de la cúpula directiva de la cadena de salud dental.
En un auto hecho público ayer jueves, el magistrado devuelve el procedimiento que le remitía la juez de Instrucción 2 de Majadahonda, María Isabel Serrano, al considerar que no reviste “la entidad suficiente” para atraer la competencia de la Audiencia Nacional.
La magistrada se inhibió a favor de Velasco después de enviar el pasado 18 de febrero a prisión al presidente de la entidad, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte, y otros miembros de la cúpula directiva como los hermanos Javier y Óscar Arteaga, Nicolás Sissini y Yolanda Copete Piris.
Les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa y apropiación indebida, un delito contable y de organización criminal.
En opinión de la juez de Majadahonda, la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
En su auto, Velasco destaca que “es obvio” que una actuación presuntamente considerada como un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales de estas características “no tiene la entidad y significación suficiente” para perturbar la confianza en el tráfico mercantil o alterar el desarrollo de la economía nacional.
Agrega que la causa se inició por una actividad criminal dirigida y urdida en el partido judicial de Majadahonda. “En este momento procesal puede parecer que las investigaciones se enmarañan, se recrecen y se hacen inmanejables, pero al final suele simplificarse”, indica.
El juez Velasco agrega que de la investigación parece deducirse que la recogida de dinero en efectivo, la doble contabilidad y el dinero opaco se impulsaban desde las llamadas franquicias propias, Opeldent, “por lo que el fraude no iría contra todos los centros que, por toda España, puede tener Vitaldent” y que no han participado en el delito.
Se refiere, además, al volumen de la cantidad defraudada, que alcanza una cifra de unos 10 millones de euros y se desviaba a cuentas en el extranjero de forma “episódica” para después volver a España. “La salida y entrada era un mero carrusel de los que tantos se investigan en los juzgados ordinarios”, agrega.
Una operación desarrollada por la UDEF
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10% de lo acordado en metálico. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.
En el operativo fueron arrestadas 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo.
