Haciendo buena la impresión de que las decisiones de la Audiencia Nacional suelen estar movidas por el viento de las consignas políticas, ayer el juez Fernando Andreu decidió no prohibir la manifestación de tinte proetarra convocada para hoy por un grupo de ciudadanos en San Sebastián con motivo de las fiestas patronales y, como toda precaución, en contra de las sugerencias de la Fiscalía, se limitó a ordenar al Ejecutivo vasco que «controle el acto» para que no se produzcan actuaciones que supongan un enaltecimiento del terrorismo.
Así pues, muy a tono con la que parece ser una nueva estrategia socialista de tolerancia con el entorno de la banda asesina, pensando quizá en una futura tregua que permita a Zapatero apuntarse un tanto político antes de las generales, el magistrado prefirió desoír al Ministerio Público y la asociación Dignidad y Justicia -que denunció los hechos-, que solicitaron la prohibición de la marcha al entender que es una convocatoria «encubierta» para homenajear a ETA y su entorno, ya que varios de sus convocantes han estado tradicionalmente vinculados a la izquierda abertzale.
En su auto, Andreu sostiene, sin embargo, que los informes policiales recabados se limitan a reseñar los antecedentes de los convocantes y sus «pasadas adscripciones» a organizaciones ilegalizadas, unos datos de los que, según el juez, «no puede inferirse la existencia de ilícito penal», pues en ningún momento se hace referencia a que en el acto se vayan a realizar actos de enaltecimiento de los terroristas.
«Con la sola aportación de esos datos, no es posible la limitación de derechos que se pretende, so pena de incurrir en la aplicación de lo que se ha dado por denominar derecho penal de autor», subrayó.
Además, el magistrado, que está de guardia esta semana, recordaba que el promotor de la convocatoria realizó «la oportuna comunicación» al Departamento de Interior del Gobierno Vasco, dirigido por los socialistas de Patxi López, que, «después de examinar las circunstancias concurrentes y estimar que la manifestación anunciada se encuentra dentro de los límites constitucionales, ha decidido no prohibir la misma».
En opinión de Andreu, es a la autoridad gubernativa a quien corresponde «velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de manifestación, pues es a ella a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos, siendo el Poder Judicial el encargado de su persecución y castigo». A su juicio, resulta «evidente» que si el Ejecutivo de Vitoria hubiera apreciado la existencia de indicios delictivos, «no solo no hubiera permitido la celebración» de la marcha, sino que, «como es su obligación», habría puesto dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad judicial, competente para perseguir y castigar delitos pero no para su prevención.
Por ello, Andreu ha ordenado a la Consejería de Interior que realice «el pertinente control y seguimiento» de la manifestación para evitar que se produzcan «actuaciones que pudieran enmarcarse en el enaltecimiento o apoyo a personas o grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales» o se utilicen pancartas, lemas o eslóganes que hagan alusión a esos grupos.
Homenajes en Barcelona y Navarra.- Con una actitud que recuerda a la prohibición de los toros, la denominada Assemblea de Joves de Gràcia ha convocado para el día 21 de agosto una fiesta popular para celebrar la liberación de la etarra Laura Riera, que quedará libre en los próximos días tras cumplir íntegramente la condena de nueve años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional. Tras conocer la convocatoria, el presidente del PP de Barcelona, Alberto Fernández-Díaz, solicitó de inmediato al Consistorio que actúe «sin complejos y sin la permisividad de otras ocasiones», y vete este tipo de actos «pro-etarras».
Igual de reprobable es la actitud de Nafarroa Bai que, según denunciaron ayer UPN y el PSN, se ha sumado al programa alternativo de las fiestas de Burlada, en Navarra, que incluye un brindis por los presos de ETA, lo que para los unionistas es «lamentable y bochornoso» y para los socialistas una muestra inequívoca más de «su creciente radicalidad».
