El campo de batalla en que se ha convertido la Audiencia Nacional fue ayer escenario de una nueva escaramuza entre el Gobierno y el poder judicial, con frecuencia más proclive a respaldar las tesis del PP.
El protagonista, esta vez indirecto, del rifirrafe fue, cómo no, el juez Baltasar Garzón, que ahora deberá reactivar la causa por el chivatazo a ETA pese a su reiterada carencia de entusiasmo a la hora de investigar quién o quiénes estuvieron detrás de la llamada que alertó a los integrantes del aparato de extorsión de la banda de una inminente redada.
Por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el magistrado deberá practicar nuevas pruebas, entre ellas tomar declaración a tres policías que participaron en la investigación -incluidos dos miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián a los que el auto identifica como Unai y Sugoi-, así como solicitar a Francia documentación relativa a las llamadas procedentes de la cabina desde la que el dueño del irundarra bar Faisán, Joseba Elosua, estableció diversas comunicaciones.
También se reclamará a las autoridades galas otra serie de papeles relativa a las «observaciones telefónicas que se realizaron a Calau Aldanur -miembro del aparato de extorsión de ETA-, tanto en su teléfono fijo como en el móvil».
A juicio de la Sala, cuyo pronunciamiento no solo choca con la reticencia de Garzón, sino también con la Fiscalía, que ha abogado inequívocamente por el archivo de la causa, los hechos en cuestión son constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, y que, en caso de haber sido «realizados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo».
«Y esto -añade el dictamen conocido ayer- tiene que ser tenido en cuenta, a la hora de agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios».
A ello se suma que «parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales que, por una u otra razón, tenían conocimiento de la operación que iba a realizarse el 4 de mayo de 2006».
De esta forma, el tribunal accede a practicar algunas de las diligencias que pidió la asociación Dignidad y Justicia -personada junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la causa como acusación popular-.
Cabe recordar que, en noviembre, Garzón aceptó que, antes de ordenar el archivo del proceso, se analizara la cinta de vídeo que la Policía grabó en el bar Faisán, pero rechazó otra serie de pruebas, puesto que consideró que la actuación de los policías fue «exhaustiva» y «difícilmente superable».
Mientras, la Fiscalía solicitó el archivo incluso semanas antes, por considerar que, tras tres años de investigación, no se ha averiguado quién fue el responsable.
No obstante, según sostiene ahora la Audiencia, «la naturaleza de los hechos (…) aconseja un especial celo y diligencia en su investigación, más allá de toda duda, y un agotamiento más allá de lo normal o de lo usual».
Además, se argumenta que las pesquisas del Ministerio Público no abordaron el núcleo de la cuestión y que, por tanto, se debe ahora trabajar «en otra dirección» que no ha sido objeto de análisis, ni por la Fiscalía, ni por la Policía Judicial, ni por el instructor.
