La Audiencia Provincial de Baleares, en un auto de 85 páginas con el que acordó mantener en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina bajo una petición de ocho años de cárcel, solicitada por el sindicato Manos Limpias, cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo (TS) sobre la doctrina Botín y subraya que ésta “no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador” dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial.
Las magistradas que componen el tribunal encargado de juzgar el caso ‘Nóos’ rechazan en su resolución el “espíritu” de la anterior doctrina, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acción popular —en este caso Manos Limpias—, y no la Fiscalía ni el perjudicado por el delito —la Agencia Tributaria—, y aseveran que, “de haber querido”, se hubieran contemplado otras limitaciones al ejercicio de la acción popular.
En concreto, la doctrina tiene su origen en una resolución del Supremo de 2007 que avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones popular a la hora de instar la apertura de un juicio oral contra Emilio Botín y otros directivos del Banco Santander (en el conocido como caso ‘cesiones de crédito’) cuando la Fiscalía y los perjudicados habían solicitado el sobreseimiento de la causa.
A juicio de la Sala, la doctrina Botín choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al defender éste que la existencia de la acusación popular en el proceso penal permite garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Es más, incide en que si el espíritu de la doctrina es el de evitar la personación en el proceso de acusaciones populares “cuya única finalidad sea la de generar un efecto perturbador del procedimiento por sostener acusaciones infundadas, carentes de cualquier sustento típico”, la legislación actual prevé mecanismos como la exigencia de fianzas para poder personarse o la “evitación de actuaciones procesales espurias”.
También alude como alternativa el control previsto en el trámite de apertura de juicio oral por parte del juez instructor, cuando la Ley permite a éste acordar el sobreseimiento de la causa si no ve carácter delictivo en los hechos y “si no existen indicios de criminalidad frente al acusado”.
Para el tribunal, la doctrina emanada de la sentencia dictada en 2007 “desnaturaliza la institución del acusador popular amparándose en una interpretación asistemática de la normal penal” así como en “argumentaciones valorativas de la voluntad del legislador que no se ajustan a las realmente queridas”.
En esta misma línea, las magistradas niegan que, con la no aplicación de la doctrina Botín en esta causa, se produzca la “quiebra del principio de igualdad” que invocan las defensas, amparándose para ello en numerosa jurisprudencia.
Por otro lado, con ocasión de una de las alegaciones efectuadas por la defensa de otro de los principales encausados, el que fuera socio de Urgangarin Diego Torres, cuya defensa solicitó la anulación de toda la causa, el auto de las magistradas Samantha Romero Adán, Eleonor Moyà Roselló y Rocío Martín Hernández concluye que esta petición constituye un claro exponente de “perturbación” como los que se intentan evitar con un mal uso de las acusaciones populares.
El defensor de Torres, Manuel González Peeters, solicitó la nulidad del proceso que condujo al juicio porque “se ha configurado a partir” de documentación obtenida por el juzgado de instrucción de modo “ilícito”. Aducía también que su patrocinado había sido personado en la causa de forma tardía y ello le producía indefensión.
La Sala rechaza estos argumentos y explica que de aceptarse bastaría que le perjudicado por el delito decidiera proceder del modo descrito para expulsar al acusador popular del procedimiento penal.
