La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga decidió conceder el tercer grado penitenciario a Isabel Pantoja, que cumple dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Según el auto de esta Sala, la misma que juzgó a la cantante, fue “esencial” el hecho de que la tonadillera hubiese asumido la responsabilidad del delito.
De esta forma, la Audiencia estima el recurso de apelación presentado por la defensa, contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla de denegar este régimen de semilibertad. La última decisión del Tribunal contó además con el informe a favor de la Fiscalía sevillana.
El hecho de que la Audiencia no precise la forma de cumplimiento del tercer grado —que tiene distintas modalidades a la hora de materializarse— , hace que le corresponda determinarlo a la junta de tratamiento de la prisión, teniendo en cuenta también las peticiones de la propia penada.
La tonadillera entró el 21 de noviembre de 2014 en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con lo que ya ha cumplido algo más de un año de cárcel. Desde el momento en que ingresó, ha intentado obtener el tercer grado, tras disfrutar de varios permisos penitenciarios en este tiempo.
En el auto, la Sección Segunda de la Audiencia malagueña se refiere a sus manifestaciones previas sobre el delito de blanqueo de capitales y a su repercusión social, y señala que la clasificación prematura en tercer grado “puede afectar a los fines de la pena y conseguir pervertirlos”, además de “proyectar a la comunidad la sensación de vaciamiento —cuando no impunidad— ”.
Pero, también se señala en dicha resolución —que es firme— que, en este caso, en la cantante concurren las circunstancias de “buen comportamiento mantenido desde su ingreso en prisión y una buena evolución personal”; además de que ha hecho un uso “correcto” de sus permisos.
Asimismo, indica que Pantoja, que es una “delincuente primaria”, ha cumplido más de la mitad de la condena de dos años que le fue impuesta, al tiempo que cuenta con apoyo familiar y posee ingresos económicos procedentes de sus actividades profesionales y artísticas.
También se señala que “viene cumpliendo el compromiso de pago de la multa que le fue impuesta”, de forma que ya ha abonado 747.148 euros del total de 1,147 millones de euros a los que se le condenó.
Pero sobre todo se incide en que en un informe emitido por la trabajadora social, el educador y el jefe de servicios médicos y los miembros de la junta de tratamiento —que votaron a favor de la concesión del tercer grado— consta que la cantante “ha asumido la responsabilidad del delito cometido”.
“Tal reconocimiento y asunción de la responsabilidad representa un factor absolutamente esencial para favorecer un régimen de semilibertad”, indica el Tribunal, que añade que “si tiene conciencia del desvalor realizado por su conducta ciertamente se puede concluir que existe un fundamento claro y rotundo de alejamiento del delito”. Al respecto, se añade que “sólo cuando personalmente la penada asume su responsabilidad, el peligro de recaída en otros episodios delictivos se aleja de forma rotunda”.
