La Audiencia Provincial de Granada acordó la apertura de juicio oral por el llamado ‘caso Romanones’, sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes de Granada, con un auto en el que da un plazo de cinco días a la Fiscalía para que formule su escrito de acusación contra el único procesado, el padre Román M.V.C.
Una vez culminada la fase de instrucción por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, se dio paso a una fase previa en la que las partes se pronunciaron sobre la terminación del sumario y la práctica de todas las pruebas necesarias, tras lo que sólo quedaba que la Audiencia dictase auto de apertura oral. Tras la notificación del auto, se entregarán todas las actuaciones a las partes personadas para su calificación.
El cierre de la instrucción por parte del Juzgado llegó apenas un mes después de la declaración en sede judicial del único procesado en el caso, el padre Román M.V.C., quien negó haber abusado sexualmente del denunciante cuando era menor de edad, por el que, según dijo, sentía el “amor fraterno” de un sacerdote que acoge a las personas que acuden a su parroquia.
Concretamente, fue el pasado día 11 de diciembre cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada acogió la declaración indagatoria del padre Román precisamente como paso previo antes de dar por concluido el sumario y remitir el expediente a la Audiencia Provincial de Granada.
El padre Román manifestó entonces su disconformidad con el auto que le procesa por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, castigado con pena de prisión de cuatro a diez años, y sostuvo que nunca se “exhibió desnudo” ante el denunciante.
Su declaración indagatoria se produjo días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada procesara al único imputado por un supuesto delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, al considerar que existen indicios racionales de criminalidad en su conducta contra el denunciante de los hechos cuando éste era menor de edad.
En el mismo auto de procesamiento el juez requería al procesado que prestase fianza de 50.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en la causa y prorrogaba por un plazo de seis meses la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la “víctima”.
El magistrado estimaba corroborados los “iniciales indiciarios hechos” por los que se inició el procedimiento, a raíz de la denuncia que el 14 de octubre de 2014 presentó la víctima ante la Fiscalía de Granada exponiendo haber sufrido “continuados o permanentes abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes incardinados en la Diócesis de Granada”, desde el año 2004, cuando tenía 14 años y hasta 2007 cuando ya contaba con 17 años.
El caso se hizo público en noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el considerado líder del clan, el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
