La Asociación de la Prensa de Segovia ha reprobado las declaraciones del portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial realizadas en el pleno de la Corporación del pasado 21 de julio en las que alude de forma genérica a supuestas malas prácticas de los periodistas y le conmina a que, públicamente, rectifique tales afirmaciones.
En respuesta a preguntas del grupo Socialista, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación afirmó en el pleno que “no accederá nunca a chantajes y amenazas vertidas por quien se hace llamar periodista y utiliza el medio en el que trabaja para conseguir beneficios diferentes a los que su profesión le encomienda, ya sean económicos, políticos o de cualquier otro fin, a través de la interpretación de los datos y noticias y no de la verificación y la rigurosidad objetiva que debe tener la propia información”.
Tal declaración, genérica y sin concreción alguna, supone, a juicio de la APS, poner en entredicho ante la opinión pública y en las actas que recogerán los debates del pleno de la Diputación a toda la profesión periodística, lo que es del todo inadmisible a la vista del ordenamiento jurídico y desde la consideración de quienes ostentan cargos públicos que representan a todos los ciudadanos.
En un comunicado enviado ayer, la APS alude a las “graves afirmaciones de supuestos chantajes y amenazas y recomienda al equipo de Gobierno de la Diputación que si mantiene un contencioso con alguna entidad o profesional concretos, dirima tales cuestiones ante los tribunales o en el ámbito que considere oportuno, en lugar de realizar declaraciones genéricas que dañan la imagen de los profesionales de la información sin aportar prueba alguna”.
Respecto a la afirmación que alude a la interpretación de los datos y a la veracidad de las informaciones, la APS recuerda al equipo de gobierno de la Diputación que debiera saber que, precisamente, ése es el trabajo de los periodistas, sujeto a normas deontológicas, a directrices empresariales y a la opinión de los destinatarios, la ciudadanía en su conjunto, en el marco de los derechos de libertad de expresión, a informar y a ser informados consagrados en la Constitución Española y delimitados por la jurisprudencia y los tribunales, a los que puede recurrir en defensa de sus intereses legítimos quien se considere perjudicado por una presunta mala práctica profesional.
