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La ampliación de la vida útil de las nucleares abre una vía a Garoña

por Redacción
16 de febrero de 2011
Instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). / Ical

Instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). / Ical

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El Congreso de los Diputados avaló ayer una enmienda del Senado a un apartado de la Ley de Economía Sostenible que permitiría alargar, según algunas interpretaciones, la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años, límite fijado hasta ahora por el Gobierno. La enmienda ha prosperado con el apoyo del PSOE, PP, CiU y PNV, igual que en la Cámara Alta, y el rechazo de las minorías de la izquierda parlamentaria. En total, fue respaldado por 334 votos a favor y sólo diez en contra.

La nueva ley indica, en el artículo 79, apartado 3c, que se mantendrá el calendario de operación de las plantas «considerando las solicitudes de renovación y potenciación que presenten los titulares de las centrales», que se cumplan con los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que establezca el órgano regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, «y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero». Queda eliminada así cualquier referencia temporal a su obligada clausura, como establecía el texto enviado por el Gobierno al Congreso.

Pese a ello, los grupos parlamentarios, que han apoyado mayoritariamente esta modificación, han diferido, a lo largo del día, sobre su significado.

Divergencias

Así, el portavoz de CiU, Josep Antoni Durán Lleida, interpreta que esta posible ampliación incluiría, si así lo decide el Gobierno, a la central de Garoña (Burgos), que deberá cerrarse en 2013. Sin embargo, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, se mostró contrario a esta hipótesis y declaró que la enmienda «excluye» explícitamente a la planta nuclear burgalesa.

El objetivo de CiU y PNV es que esta prórroga se conceda siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno y establezca los adecuados controles y requisitos técnicos en materia de seguridad y protección radiológica a cumplir por las instalaciones correspondientes.

A pesar de que los diputados de los grupos mayoritarios, PP y PSOE, no mencionaron expresamente la enmienda sobre energía nuclear en sus intervenciones, ya por la mañana el portavoz socialista, José Antonio Alonso, advirtió que no es posible extraer conclusiones sobre la vida de las centrales porque no se tomará ninguna decisión sobre su prórroga hasta 2020 y tampoco contradice la apuesta socialista por las renovables.

De esta forma, Alonso afirmó que esa enmienda busca definir el papel de la energía nuclear en la «cesta energética», pero aseguró que no se puede interpretar que esto suponga de facto una ampliación de la operación de las centrales. También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada al Congreso, negó que suponga un cambio en su política nuclear.

La izquierda minoritaria, sin embargo, considera que se ha dado un giro completo a la política gubernamental contraria a prorrogar la vida de las nucleares en España. Así, la diputada de Esquerra Republicana, Maria Nuria Buenaventura, señaló durante su intervención en el Pleno que «nos encontramos ante la ley de la resurrección de las centrales nucleares».

MINISTROS. A la salida del Congreso de los Diputados, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiso puntualizar que la posibilidad de alargar la existencia de las centrales nucleares más allá de los 40 años «siempre ha estado abierta». También habló la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, quien destacó que la aprobación de esta enmienda no afecta al caso «particular» de la central de Santa María de Garoña (Burgos). «Garoña es una central en particular y esto es para otras instalaciones nucleares».

Asimismo, Salgado negó que el hecho de que la nueva ley abra la puerta a prorrogar la vida de las centrales nucleares más allá del horizonte de 40 años «en absoluto» supone un cambio de postura» de la política energética del Ejecutivo central. «Nosotros siempre hemos dicho que esa posibilidad existía y simplemente es ser coherentes», aseguró la vicepresidenta.

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