Una denuncia presentada desde la dependencia de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castilla y León permitió desarrollar la operación más importante contra el fraude a la Seguridad Social de la Comunidad y una de las más grandes a nivel nacional.
En ella, la Guardia Civil desarticuló una red que había defraudado 15 millones de euros del I.V.A correspondiente a la compra de vehículos de lujo procedentes principalmente de Alemania, Holanda y Bélgica. Además, se detuvo a diez personas, seis en Madrid, dos en Palencia, una en Navarra y otra en Asturias, y se imputó a otras dos, uno de ellos también en la provincia palentina y uno en Valencia.
La organización utilizó al menos 30 empresas mercantiles creadas para estos fines, que en cinco años habrían manejado alrededor de 105 millones de euros en operaciones y cuyo I.V.A. no llegó a ingresarse nunca en las arcas públicas.
La denuncia de la agencia regional de la AEAT puso de manifiesto la existencia de un vecino de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga y otro de Palencia capital que podrían estar adquiriendo vehículos en la Unión Europea y que, una vez en España, no ingresaban en el tesoro público las correspondientes cuotas de I.V.A.
Tras las investigaciones se detectó a un grupo delictivo dedicado a la compra de vehículos en países europeos eludiendo los impuestos. Para ello, utilizaban el esquema clásico en estos fraudes, consistente en situar en el primer escalón de la importación de los vehículos a un operador fraudulento para que simulara operaciones de compra de productos en la Unión Europea, que al tratarse de operaciones intracomunitarias están exentas de I.V.A. en origen.
Este primer operador español recibe el nombre de ‘trucha’ y suele ser una sociedad limitada, con poco o nulo capital, sin establecimiento ni trabajadores y tiene como administradores o apoderados a sujetos normalmente insolventes. Su función consiste en transferir los vehículos mediante facturas ficticias con I.V.A. a otras sociedades pantalla que actúan como parachoques ante la acción de la justicia y el fisco, pero sin declararlo ni ingresarlo en Hacienda.
El siguiente paso era enviar los vehículos al empresario que los había encargado para venderlos a clientes finales o a otros distribuidores en España, en una acción concertada con las sociedades truchas/pantallas.
De este modo, el I.V.A. que la ‘trucha’ no ha ingresado en la Hacienda Pública se reparte entre todos los escalones de la cadena delictiva. En algunas ocasiones se destina al abaratamiento de los precios de los automóviles, lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
La investigación se desarrolló en tres fases. En una primera,a principios de 2014 y centrada en Madrid, Segovia, Albacete, Toledo y Córdoba, se detectaron movimientos por importe de 83 millones de euros, resultaron involucradas 15 personas y 12 empresas.
La segunda fase, a principios de 2015, puso de manifiesto la existencia de operaciones mercantiles por importe de unos 74 millones de euros, lo que supuso un fraude de unos 10.250.000 euros. Tras ello, se procedió a la detención de ocho personas en Madrid, Palencia, Navarra y Gijón, responsables de 14 empresas.
La tercera y última fase, desarrollada en Madrid, Valencia y Palencia en julio, desveló la existencia de otras cuatro empresas relacionadas que realizaron operaciones por más de 18 millones de euros, lo que supondría un fraude de 2.500.000 euros. En esta ocasión, se procedió a la detención de dos personas y a la imputación de otras tres.
