La Agencia Tributaria de Gijón nunca se planteó responsabilizar a Caja Segovia de la deuda que había adquirido la sociedad Navicoas Asturias por el impago de sus obligaciones fiscales con el erario público. Sin embargo la entidad de ahorro segoviana se hizo cargo del pago de esa multa, que ha llevado a que el Torreón de Lozoya y otros inmuebles históricos estén hipotecados para garantizar el pago de un préstamo de casi 8 millones de euros con Bankia.
El Juzgado de Instrucción número 5, donde se investiga este caso, ha recibido el informe de la Agencia Tributaria asturiana solicitado por el magistrado Jesús Martínez Puras. En él se desmonta la idea transmitida por los ex consejeros de Caja Segovia. Según indicaron ante el juez, la entidad segoviana debía hacerse cargo del pago de los 6,8 millones de euros de multa por derivación al ser parte de la empresa multada, Navicoas Asturias, de cuyo Consejo de Administración formaban parte Manuel Agudíez y Óscar Varas como representantes segovianos.
Según las manifestaciones que hicieron al magistrado estos consejeros —que están imputados junto a otros antiguos directivos de la entidad— el Consejo de Administración dio su visto bueno a pagar la deuda contraída por Navicoas porque la responsabilidad derivaba hacia ella también; a pesar de tener sólo el 25% del accionariado. De lo contrario, la multa podría elevarse a casi 70 millones de euros. Así, y ante la urgencia que se transmitió, el Consejo acordó pedir un crédito a Bankia por el importe de la deuda: 6,8 millones. Para ello se firmó un aval con garantía hipotecaria que incluía el Torreón de Lozoya, el Palacio de Mansilla (sede del Colegio Domingo de Soto), el Palacio de Villafané de la Plaza de San Facundo, un local en la Plaza del Cristo del Mercado, parte del edificio de Fernández Ladreda, y una nave del polígono de Hontoria.
Los consejeros asumieron con resignación la millonaria hipoteca como “mal menor”, según las palabras manifestadas ante el juez. Además se habló de informes jurídicos que desaconsejaban otra opción que no fuera suscribir, con acuerdo, el pago de la deuda.
Ante esta cuestión, el juez segoviano pidió a la Agencia Tributaria de Gijón explicaciones sobre las actuaciones inspectoras llevadas a cabo a Navicoas Asturias. El magistrado también quiere saber si se valoraron diversos escenarios sobre la existencia de conformidad o no: y quién y cómo se negoció el pago pactado de esa deuda.
La Agencia Tributaria responde ahora al juez que no se llevaron a cabo expedientes sancionadores a los administradores de Navicoas Asturias porque hubo un acuerdo con una garantía del pago de la deuda tributaria.
Y a la pregunta de por qué se consideraba a los representantes de Caja Segovia administradores de hecho o de derecho de Navicoas Asturias, la Agencia Tributaria responde: “No se ha realizado ningún tipo de actuación de derivación de responsabilidad ni medidas cautelares, dado que las actuaciones se encaminaron (…) a la suscripción de un acta con acuerdo”. “Por ello no se han analizado los presupuestos de hecho y motivos concurrentes en los posibles responsables, que pudieran haber habilitado para iniciar un expediente de derivación de responsabilidad”.
Agrega la Agencia Tributaria que BFA-Bankia mostró interés en asumir el pago de la deuda y por tanto se consideró “muy favorable para los intereses de la Hacienda Pública” esa postura.
A juicio del responsable de los servicios jurídicos de UPyD, Andrés Herzog, a la Agencia Tributaria le preocupaba únicamente cobrar la multa impuesta a una empresa en quiebra, Navicoas. Y a los dos representantes de Caja Segovia, Agudíez y Varas, evitar cualquier responsabilidad patrimonial, para lo que contaron con la “cooperación necesaria” de Atilano Soto, “y también responsable”, añadió.
