La morosidad de las Administraciones Públicas, así como el retraso en el abono de las facturas con respecto a los plazos de pago acordados, siguen siendo uno de los principales problemas que, junto al estrangulamiento del crédito, ahoga a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y, de manera muy particular, a los profesionales autónomos. Los entes estatales son los que pagan con un mayor retraso en España, dado que lo hace a un plazo de 37,9 días, frente al período medio de 19,30 jornadas al que actualmente se abonan las facturas en el país, según un estudio de Informa D&B con datos de cierre del primer trimestre del año.
El documento revela que el actual plazo medio de abono en el país es el mínimo desde al menos finales de 2010, cuando en la nación las facturas se abonaban en unos 20,87 días después de la prestación del servicio. Además, está casi tres días por debajo del máximo de 22,25 jornadas que alcanzó 2011.
No obstante, aún se sitúa por encima de la media de 14 días que se registra en Europa, y de la que contabilizan algunos países del continente, como Francia, donde las compras y los servicios se desembolsan en unos 12,26 jornadas.
Informa D&B indica que esta diferencia de plazo de pagos constituye un «elemento negativo para la competitividad de las empresas, ya que aumenta su necesidad de buscar liquidez. Las entidades que no tienen que hacer este esfuerzo pueden dedicar sus recursos a inversiones», señala la firma.
Además, señala que supone «incurrir en unos costes económicos adicionales, hecho que se ve además agravado por el mayor coste de la financiación española respecto a los socios de la UE». No obstante, el estudio, que se centra en comparar los plazos de abonar de España y Francia, destaca que en el primero hay más empresas que abonan en plazo, puntualmente, un 41 por ciento, que en la nación gala (el 31 por ciento). Como contrapunto, el porcentaje de las compañías que abonan a sus proveedores con un retraso de más de 30 jornadas es mayor en el Estado que gobierna Rajoy (un 13 por ciento) que en el país vecino (con un seis por ciento).
Por sectores, la Administración Pública es el actor económico que retribuye con más retraso en España, con una media de 37,9 días, incluso por delante del sector inmobiliario, donde las facturas se liquidan en 35,6 jornadas, seguido de la hostelería (28,1) y la construcción (26,4). En el caso de la nación que dirige François Hollande, el ente estatal es el que paga más pronto, a 9,2 días, por debajo incluso de la media gala (12,3 días).
En España, los que más pronto cumplen son el comercio, la industria manufacturera y la intermediación financiera (15,6).
Informa D&B considera que estas diferencias no pueden explicarse por legislaciones distintas, ya que, según recuerda, desde el pasado 16 de marzo, todos los países comunitarios están obligados a tener una normativa única, estableciendo un límite de 30 jornadas para que las empresas hagan efectivo el pago, pudiendo prorrogarse a 60, en el caso de la Administración, si está justificado.
