Los abogados segovianos celebran hoy en la Sala Capitular de San Justo su tradicional fiesta pascual, con un acto académico solemne en el que además de la entrega del Primer Premio Jurídico Internacional ‘Memorial Dionisio Sáez Chillón’, y de distinciones a los colegiados que cumplen 25 años en la profesión, es también el momento de recordar lo vivido, de compartir experiencias y mirar hacia el futuro de la Abogacía, que el decano, Julio Sanz Orejudo, pinta “difícil y complicado”, aunque enseguida añade que los abogados siempre se mantienen firmes en su cometido.
Julio Sanz Orejudo, decano del Colegio de Abogados de Segovia, reelegido para el cargo hace pocos meses y vicepresidente 1º del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, es una persona afable, conciliadora, nada dada a los exabruptos, pero que también habla claro a la hora de defender la Justicia, la profesión de abogado y los intereses “de justiciables y ciudadanos en general”, según sus propias palabras.
El año 2013 comenzó con movilizaciones de los abogados y otros operadores de la administración de justicia por las tasas ¿Cómo está evolucionando la situación?
Tengo una percepción negativa, por lo que me llega de los compañeros, de cómo está discurriendo la política del ministro Ruiz Gallardón, que está desmantelando la justicia como servicio público. La Ley de tasas ha tenido una respuesta contundente desde muchos sectores y creo que también ha sido destacable la que ha habido desde el Colegio de Abogados de Segovia y desde los colegiados. Ya se ha visto que esta medida se ha traducido en una reducción brutal de los procedimientos. Los ciudadanos ya no pueden acudir a los juzgados con la libertad con la que lo hacían antes. Las tasas suponen un golpe al corazón del estado de derecho y si antes se hablaba de una justicia para ricos y otra para pobres, ahora se ve que los ricos pueden pagar el acceso a la justicia, los más pobres pueden hacerlo gracias a la justicia gratuita y son las clases medias las que sufren las consecuencias más graves.
¿Hay alternativas?
Vivimos en la incertidumbre, a la espera de la respuesta del Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite el recurso presentado por la Abogacía. El ministro ha intentado maquillar la medida, yo diría que con el apoyo partidista de la Defensora del Pueblo, pero no se ha solucionado el problema, sigue siendo muy costoso, aunque se haya reducido en un 50 por ciento la tasa en el ámbito contencioso. Llama la atención que la Administración Pública sigue estando exenta, no aplica la misma vara de medir. Esta misma semana se ha sabido que un abogado madrileño ha conseguido reunir 170.000 firmas que se suman a las 350.000 que ya se presentaron en el Parlamento. Sigue habiendo una contestación importante a la ley porque pagar 800 euros por una apelación es un dislate.
No es la única reforma que ha planteado el Ministerio de Justicia…
Están pendientes normativas sobre servicios profesionales, la reforma de la legislación procesal (ley de jurisdicción voluntaria), la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la privatización indirecta del Registro Civil. Estamos muy expectantes y con mucha incertidumbre pero no atisbo una mejora de la administración de justicia y el tiempo será testigo de lo que ocurra.
Hay preocupación en la provincia por la posible desaparición de los partidos judiciales e incluso ya se habla también de la de los juzgados de paz ¿Hay algo en concreto sobre estos temas?
No. También se está a la espera de una Ley de planta judicial. Sabemos que hay oposición política a la desaparición de los juzgados en los pueblos y, de hecho, en el Colegio hemos recibido acuerdos municipales en contra de esa supresión. Pero no vamos a pronunciarnos hasta que no se defina el modelo, algo que en este caso corresponde al Consejo General del Poder Judicial.
¿Ha habido evolución en el funcionamiento de la justicia en Segovia?
La respuesta judicial sigue siendo negativa, en términos generales. Para los abogados el derecho de defensa y pedir justicia es sagrado. Pero una cosa es un ciudadano que demanda a un abogado asesoramiento, consejo y, en su caso, que ejerza el derecho de defensa y otra cuestión distinta es la administración de justicia. Ahí es dónde está el problema porque la justicia ha sido siempre la cenicienta del sistema democrático en España. Un ejemplo es el de los procedimientos concursales. La ley y la reforma han sido un fracaso, desde mi punto de vista. El tiempo de respuesta de un concurso no es asumible para la ciudadanía. Al final no hay empresa, ni bienes, ni posibilidad de que los acreedores puedan satisfacer su crédito, salvo en casos excepcionales. La función del abogado es una y la administración de justicia no está a la altura. Otro ejemplo es la informatización y modernización de la oficina judicial. Se requiere mucho sentido común para abordar las reformas y sin recursos económicos y materiales va a ser muy difícil. Se necesitan jueces, se necesitan recursos y mientras tanto las medidas del ministro generan desorientación.
¿Se ha notado en Segovia una mayor demanda del servicio de justicia gratuita a raíz del incremento de tasas judiciales?
Está creciendo por dos motivos, por las tasas y porque la nueva Ley incrementa el techo de ingresos máximos para el acceso a la justicia gratuita. Parece que mil euros anuales no son nada pero se está viendo una demanda grande del servicio. En este caso sí ponemos en valor la función de la justicia social de los abogados.
También han mantenido contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Segovia. ¿Con qué resultado?.
Colaboraremos en la medida de nuestra posibilidades y dentro de los servicios que ya está ofreciendo el Colegio de Abogados de Segovia: orientación jurídica, turno de oficio… Todavía no se ha materializado ni concretado un acuerdo, al que también se nos ha instado por parte del Ayuntamiento de Segovia. Los abogados somos sensibles a la problemática de los desahucios y de las ejecuciones hipotecarias y estamos al servicio de los ciudadano ante esta situación tan tremenda, pero también con prudencia y el rigor debido para un Colegio profesional, porque donde hay un conflicto siempre hay dos abogados que representan a las partes enfrentadas.
