En el Centro Penitenciario de Segovia, que hace ahora catorce años fue inaugurado como uno de los más modernos de Europa por sus programas de reinserción, ha habido un antes y un después de la agresión sufrida en octubre de 2008 por uno de sus funcionarios. La propia víctima declaró ayer, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra los presuntos agresor y cómplices, que en ese momento estaba “masificado” y el letrado de la acusación particular insistió en ese aspecto en particular.
Además, tanto la fiscal, como este abogado, consideran que el estado debe responder subsidiariamente de la indemnización por secuelas, que la primera cifra en 5.400 euros, además de 10.483 por las lesiones sufridas por el funcionario, y el segundo eleva a más de 120.000 euros en total.
No sería la primera vez que la Administración General del Estado es condenada al pago de una cuantiosa indemnización por un incidente ocurrido en la prisión segoviana, ya que en 2013 esta misma Audiencia fijó en 137.000 euros la cantidad a abonar a los familiares de un preso que falleció en la prisión a manos de su compañero de celda y también con un ‘pincho’ carcelario como arma homicida.
Durante la vista de ayer fue revelador el testimonio del subdirector de seguridad del Centro Penitenciario, quien afirmó que en el momento de la agresión a su compañero, en octubre de 2008, “había muchos presos pero no estaba al completo”. Según su testimonio, en los meses anteriores se habían registrado muchos ingresos de internos procedentes del centro madrileño de Soto del Real “que estaba sobrecargado, dijo”.
Reconoció que ese incremento de internos no se compensó con más personal funcionario y, aunque argumentó, que en los incidentes no solo influye la cifra de presos sino también su tipología, terminó admitiendo que cuando desciende también se reducen las agresiones y amenazas.
Tras la agresión de 2008, los funcionarios, convocados por los sindicatos de prisiones, protagonizaron varias movilizaciones, como la que tuvo lugar el 18 de noviembre ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, con dos centenares de personas, que pidieron la dimisión de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias y la reducción del número de internos.
El subdirector sí recordó ayer un informe en el que hacía costar que el presunto agresor, A. A., había sufrido una crisis psicótica con anterioridad y estaba medicado por su esquizofrenia, pero los internos y el resto de funcionarios que testificaron ayer aseguraron desconocer que se trataba de una persona con una enfermedad mental grave.
La esquizofrenia que padece el principal acusado motivó que tanto el presidente de la Audiencia, Ignacio Pando, como la magistrada Felisa Herrero, plantearan algunas preguntas a los testigos. Esta última se interesó por el sistema de medicación a los enfermos mentales, y el subdirector de seguridad del centro penitenciario explicó que van a una ventanilla y, en algunos casos, tienen que tomarla mientras una enfermera o personal sanitario está presente.
Sindicatos penitenciarios han señalado desde entonces que uno de cada cuatro presos sufre algún tipo de enfermedad mental y pidieron un tipo de régimen distinto al del resto de internos.
Por otro lado, el subdirector desveló que, a pesar de la existencia de cámaras de vigilancia, nadie advirtió la agresión hasta que el propio funcionario agredido, herido, pudo zafarse del interno y correr hacia una cabina de seguridad para pedir auxilio. ‘Haberlas, haylas’, y hasta uno de los acusados relató con detalle en varias ocasiones y sin que nadie le preguntara la localización de hasta cinco de ellas, pero las grabaciones no, al menos las de los hechos ocurridos el 17 de octubre en la prisión segoviana.
Se da la circunstancia, además, de que el funcionario agredido se había quedado solo en ese momento con cerca de un centenar de internos, ya que uno de sus compañeros tuvo que ausentarse para medicar a un interno.
