Este Gobierno que ha gestionado tan mal la pandemia, que ha visto de lejos el sufrimiento de tantos mayores y tantas personas de riesgo y que ha escondido los más de 50.000 muertos; este Gobierno que no ha hecho nada por mejorar las condiciones sanitarias de las residencias de mayores -a pesar de que el vicepresidente Iglesias asumió el ‘mando único’- donde han muerto muchos mayores de forma indigna, en aislamiento y soledad y sin medios de protección; este Gobierno que ha sido incapaz de hacer una ley que garantice los cuidados paliativos y que haga obligatoria la existencia de Unidades del Dolor en todos los hospitales de España -tenemos la cuarta parte de las recomendadas– para garantizar una vida digna a todos los que sufren; este Gobierno que se ha cargado la demanda social de millones de padres para educar a sus hijos en la escuela concertada, argumenta ‘la demanda social’ para aprobar, en las próximas semanas, una ley que legalice la eutanasia en España. Y lo hace sin escuchar lo que dicen instituciones tan fundamentales como los Colegios de Médicos de España, el Comité de Bioética o la Sociedad de Medicina Paliativa entre otros.
Tendremos así el dudoso mérito de ser el cuarto país de Europa que lo regula -ni Francia ni Italia ni Alemania lo han hecho; solo Bélgica, Holanda y Luxemburgo- y el noveno del mundo. En España ya existían leyes sobre la muerte digna –derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida- en Madrid, Galicia, Asturias, Euskadi, Aragón, Andalucía o Baleares. La razón de la demanda social es una falacia. ¿Creen ustedes que alguien, incluso los que nos oponemos a una ley que regularice el suicidio asistido o los que se niegan a ser los ejecutores de esa muerte, estamos en contra de ‘una muerte digna’? Los hechos demuestran que hay una pequeñísima minoría -absolutamente respetable- que demanda esta ley y una inmensa mayoría -todos los que están en situaciones dramáticas- que exigen una ley de cuidados paliativos y una vida digna incluso en situaciones extremas: vivir y morir con dignidad, sin dolor, con cuidados paliativos, en compañía de los suyos y en la medida de lo posible en su propia casa. La excepcionalidad no puede ser la norma. Y si un Gobierno tienen que atender la demanda social, parece razonable que lo haga primero con los que quieren, merecen y necesitan vivir y morir con dignidad.
¿Por qué no ese ‘derecho’ por razones de soledad o financieras y no solo de salud?
Ni el abandono, tan frecuente para con los mayores, ni la obstinación terapéutica ni la eutanasia son la solución. Sí lo son los cuidados paliativos. Una Ley de eutanasia -aprobada por este Gobierno con apoyos de Ciudadanos o del PNV entre otros- es el reconocimiento de un fracaso colectivo. Hay muchos profesionales médicos y del Derecho que opinan que esta ley subvierte el mandato constitucional de defensa de la vida, viola el derecho a la vida, el de la protección de la salud, daña el principio de igualdad y pone en grave riesgo no solo a los más mayores sino también a los que sufren discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, es decir a la población más vulnerable. Y avanza en la creación de una conciencia colectiva de que en determinadas situaciones no merece la pena vivir. ¿Por qué no ese ‘derecho’ por razones de soledad o financieras y no solo de salud? ¿Por qué no a cualquier edad? ¿O sin requisitos?
La eutanasia ni es un derecho ni es progreso. Es un terrible fracaso social
Holanda, el primer país que legalizó la eutanasia, la permite ya ¡para mayores de 12 años! Se entra en un camino altamente peligroso. No existe el derecho a morir, pero sí el derecho a no sufrir, a vivir con dignidad. No se puede elegir entre morir con sufrimiento o a manos de los médicos. La sociedad y el Estado tienen que dar otras soluciones y otras respuestas que no sean, como ha dicho, José María Gil Tamayo, crear ‘corredores de la muerte legalizados’. La eutanasia ni es un derecho ni es progreso. Es un terrible fracaso social.
