La Comisión Europea publicó ayer el informe de conclusiones de su última misión de supervisión del rescate bancario en España, en el que señala que Banco Santander sería responsable ante “otras demandas potenciales” por la gestión de los accionistas o acreedores de Banco Popular, entidad que adquirió por un euro hace un año en el marco del proceso de resolución de la misma. El informe recordó que tras la resolución del Popular se presentaron acciones legales contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como que los tribunales españoles han suspendido los procedimientos hasta conocer el primer fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TUE). Además, subrayó que todas las medidas cautelares que reclamaban suspender la resolución del Popular “han sido rechazadas”.
“Dado que no existe un plan de protección de activos en la venta de Popular a Santander, en principio el segundo sería responsable de otras demandas potenciales por la gestión de los accionistas o los acreedores de Popular”, apuntó el documento, elaborado también por el Banco Central Europeo (MEDE).
En cualquier caso, Bruselas remarcó que la resolución del Popular fue “exitosa” puesto que ni los depositantes ni los contribuyentes incurrieran en pérdidas y a la luz de que no tuvo un impacto negativo sobre la estabilidad financiera. También valora la “buena” coordinación” entre las autoridades nacionales y comunitarias involucradas en el proceso.
El Ejecutivo comunitario incluyó esta referencia al caso del Popular en el capítulo que dedica a los desafíos a los que se enfrenta el sector financiero español, aunque subrayó que el sistema financiero español “disfruta de una cómoda liquidez general” y destacó que algunos bancos han aumentado la emisión de títulos de deuda.
El informe señaló además que el nivel de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) en los balances de los bancos españoles ha disminuido hasta acercarse a la media europea. Sin embargo, advirtió de que “la reciente expansión de los créditos a los consumidores merece una vigilancia cercana”, aclaró.
“Los bancos y los supervisores deben garantizar una implementación lo suficientemente conservadora de los estándares de crédito, en particular a la luz del reciente incremento de la demanda de créditos al consumidor”, advirtió la Comisión Europea.
Rentabilidad
Sin embargo, otro de los aspectos que podría afectar a la rentabilidad de los bancos, advirtió Bruselas, es la entrada en vigor de la Norma Internacional de Instrumentos Financieros 9 o NIIF 9 (IFSR 9, por sus siglas en inglés). También puso el acento en el entorno de bajos tipos de interés, que a pesar de apoyar la reducción de préstamos dudosos, sigue presionando los márgenes de los bancos españoles, al igual que los del resto de Europa.
Con respecto a la privatización de Bankia, Bruselas recordó que la fusión con BMN y la venta de un 7% de la entidad en diciembre ha sido los últimos pasos hasta ahora dentro del proceso. En este sentido subrayaron, al igual que ya han enfatizado en informes anteriores, que completar de forma exitosa la privatización “reforzaría el sector bancario español”.
“Las autoridades española necesitan encontrar la mejor estrategia de desinversión y oportunidades de mercado para vender su participación restante en el banco”, afirmaron tanto el Ejecutivo comunitario como el BCE.
