La Comisión Europea (CE) avisó ayer a España de que el borrador de presupuestos para 2020, remitido por el Gobierno en funciones, pone en “riesgo importante” el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit, el gasto y la deuda.
Para la Comisión, las estimaciones del Gobierno “apuntan a un riesgo de desviación significativa del esfuerzo fiscal recomendado en 2020, y a lo largo de 2019 y 2020 en su conjunto”.
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, consideró que este aviso era “previsible”, ya que el Gobierno está en funciones y no hay cuentas para 2020, y señaló que cuando haya un Ejecutivo con plenas funciones elaborará un proyecto presupuestario con iniciativas concretas y lo remitirá a Bruselas.
El Gobierno envió a Bruselas el pasado 15 de octubre su borrador de proyecto presupuestario para 2020, un año en el que en un escenario a políticas constantes (es decir, sin poner en marcha ninguna medida) la economía crecería un 1,8 % y el déficit público se reduciría hasta el 1,7 % del producto interior bruto (PIB).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que los incumplimientos detectados por Bruselas se deben precisamente a que el borrador no incluye nuevas medidas, sino que se trata de una simple proyección de cómo evolucionarán los indicadores con las cuentas actuales.
Al bajar su déficit del 3 % del PIB, España está desde este año fuera del procedimiento de déficit excesivo (PDE) o brazo correctivo de Bruselas, con lo que ha pasado al denominado brazo preventivo, que supone un control más suave de las cuentas públicas, precisamente con el objetivo de evitar que vuelva a caer en desequilibrios graves.
En este brazo preventivo, la Comisión vigila fundamentalmente tres indicadores: la corrección del déficit estructural (en lugar del nominal), la contención del gasto y la reducción de la deuda pública.
El más importante de estos elementos es la corrección del déficit estructural o independiente del ciclo económico, para lo que Bruselas impone objetivos específicos cada año a cada país.
En el caso de España, su objetivo para 2020 es una reducción estructural del 0,65% del PIB, pero el plan remitido por el Gobierno solo prevé minorarlo en una décima, según el cálculo de la CE.
Las normas europeas permiten un desvío del objetivo del 0,5 % del PIB en un año o el 0,25 % en dos años, pero las estimaciones para España estarían fuera de todos los márgenes.
Para el gasto público, la Unión Europea establece la denominada regla de gasto europea, que es distinta de la española y que impide aumentar el gasto público primario neto (es decir, sin tener en cuenta los intereses de la deuda, las prestaciones de desempleo ni las inversiones cofinanciadas con fondos europeos) por encima de un determinado indicador.
Para España, esta referencia de limitación del aumento del gasto en 2020 es del 0,9%, pero el Ejecutivo prevé que crezca un 3,8%, cuatro veces más.
En cuanto a la deuda, el objetivo final es que se sitúe por debajo del 60% del PIB y para lograrlo Bruselas impone objetivos específicos, aunque España se encuentra actualmente en un periodo transitorio que le permite una mayor flexibilidad.
A pesar de ello, en la carta enviada en el día de ayer, la CE detecta que España tampoco cumplirá con la reducción de la deuda prevista.
