En un nuevo capítulo de tensiones entre la ciudadanía y el Gobierno, la Plataforma ‘Solución a la Travesía de San Rafael’ denunció públicamente el incumplimiento de España respecto a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida en 2010. Según la Plataforma, este incumplimiento afecta directamente a la gestión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, prolongando la problemática que sufre San Rafael, que lidia con un tráfico inasumible en su núcleo urbano.
La travesía de San Rafael ha sido objeto de numerosas quejas debido al elevado tráfico que soporta. Según datos del Ministerio de Transportes, en 2022 registró una intensidad media diaria de más de 12.000 vehículos, de los cuales 1.752 eran pesados. Durante los meses de verano, cuando la población local se triplica, esta cifra asciende a casi 16.000 vehículos diarios. Las carreteras nacionales N-6 y N-603, que cruzan el municipio, son las alternativas gratuitas a las autopistas AP-6 y AP-61.

El Tribunal de Justicia de la Unión europea obligaba a España a licitar una nueva concesión en 2019, pero la redacción del Real Decreto ha permitido posponerla diez años

La situación no es nueva. Desde hace décadas, los vecinos de San Rafael exigen una solución definitiva al grave problema de seguridad vial que enfrenta la localidad y que ha producido numerosos accidentes, alguno de ellos mortales como el que en el año 2017 acabó con la vida de Manolo Gea, presidente que lo fue del Club Ciclista Caloco. Sin embargo, los sucesivos gobiernos (de uno u otro color) han pospuesto la adopción de medidas concretas. La Plataforma critica que, mientras al otro lado de la sierra, en localidades vecinas como Guadarrama se han implementado soluciones para eliminar el tráfico por el centro de la localidad, en San Rafael estas medidas brillan por su ausencia, y no hay más que echar un vistazo a cualquier buscador de internet para entender el tiempo que ha transcurrido desde la primera reclamación hasta el día de hoy… y las soluciones que se han aportado al respecto.

UN INCUMPLIMIENTO

La Plataforma ha desvelado que, en el año 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Gobierno español había infringido las normativas comunitarias en la adjudicación de la concesión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. El fallo (Asunto C-423/07) obligaba a España a tomar medidas correctivas, entre las que se incluían la reducción del periodo de concesión en siete años y la licitación de una nueva concesión en 2019.
El compromiso entre España y la Comisión Europea, firmado en 2011, establecía que la nueva licitación debería realizarse en 2019, con una duración limitada a siete años, para cumplir con la sentencia del TJUE. Además, se estipuló que esta nueva licitación debía estar reflejada de manera explícita en la normativa que modificara los términos de la concesión original, lo cual quedó recogido en el Real Decreto 525/2012. Sin embargo, más de una década después, esta licitación aún no se ha llevado a cabo.
En su comunicado a los medios, la Plataforma señala que el Gobierno no solo ha incumplido con el calendario estipulado, sino que también ha modificado unilateralmente los términos del acuerdo. En su denuncia, sostiene que el Ministerio de Transportes ha emitido notas de prensa en las que asegura que la actual concesión de las autopistas finalizará “previsiblemente” en 2029, omitiendo la necesidad de realizar una nueva licitación que extienda el período hasta 2036.

RETORCIENDO LAS PALABRAS

Este cambio en los términos fue confirmado por la Comisión Europea en 2023, en respuesta a una denuncia previa presentada por la Plataforma ante el Parlamento Europeo. Según los denunciantes, España se comprometió a licitar en 2019, pero el texto final del Real Decreto 525/2012 pospuso dicha licitación para “a partir de 2019”, una modificación que, en la práctica, ha permitido al Gobierno retrasar indefinidamente este proceso.
El incumplimiento del Gobierno podría tener repercusiones legales. Según expertos en derecho comunitario, la falta de ejecución de la sentencia del TJUE y la modificación de los términos acordados con la Comisión Europea podrían dar lugar a sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Además, la Plataforma ha anunciado que, si no se toman medidas antes de finalizar 2024, presentará una nueva denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
‘España ha incumplido los términos de forma clara’, asegura la Plataforma en su comunicado, puesto que el compromiso establecía licitar ‘en’ 2019, y no ‘a partir de’ 2019, ‘en una clara vulneración del compromiso de España con la Comisión Europea y, en consecuencia, un incumplimiento de la sentencia del TJUE.
Este incumplimiento sigue teniendo un impacto directo de la calidad de vida de los habitantes de San Rafael, que hasta en dos ocasiones vieron restringido su derecho de manifestación contra esta situación, convocadas ambas por el alcalde de El Espinar, Javier Figueredo, alegando precisamente la existencia de un gran volumen de tráfico en la travesía.

REUNIÓN O DENUNCIA

La Plataforma exige que se bonifiquen los peajes de las autopistas AP-6 y AP-61, como ya se hace en otras carreteras similares, para desviar parte del tráfico hacia estas vías y aliviar la presión sobre San Rafael. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio de Transportes no ha dado pasos significativos en esta dirección hasta que hace una semana adjudicó por valor de 571.335 euros las obras para mitigar el ruido generado por el tráfico en San Rafael.
El Ministerio de Transportes ha evitado posicionarse claramente sobre el futuro de las concesiones. El propio ministro, Óscar Puente, declaró en febrero de 2024 que no sabía los que iba a suceder con las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 después de 2029. En una entrevista posterior, afirmó que se estaban evaluando varias opciones, incluyendo la posibilidad de prorrogar la concesión, licitarla nuevamente o incluso liberarla de peajes, pero subrayó que la decisión no era inminente.
Estas declaraciones han sido criticadas por la Plataforma, que considera que el Ministerio está eludiendo sus responsabilidades y utilizando un lenguaje ambiguo para evitar enfrentarse al problema, y por ello quieren claridad, bien en la reunión que han pedido con Óscar Puente, bien reclamándola a través de la Comisión Europea. “Queremos que nos digan exactamente lo que va a ocurrir. Y si el Gobierno no nos lo aclara, pues que sea la Comisión Europea quien se lo demande porque al final nosotros somos una plataforma ciudadana y creo que tendrá más fuerza para reclamárselo la Comisión Europea”, finalizó Juan Manuel Gea.

UN ESTUDIO DE CASI UN MILLÓN DE EUROS

El Ministerio de Transportes adjudicó en pasadas fechas un estudio informativo para la posible liberalización de la AP-6, AP-51 y AP-61 con un coste de 895.097 euros, que los portavoces de la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael consideran que no servirá para mucho.
Juan Manuel Gea lo deja claro: “El estudio indicará que el volumen de aumento de vehículos que va a tener que soportar la actual AP6 va a ser notable, quizá no los 12.000 vehículos que soporta San Rafael, pero puede ser que unos 10.000, 11.000… y eso lo que va a suponer es que van a tener que hacer nuevas vías de enlace porque hay muchos tramos para acceder a pueblos que van desde San Rafael a Villacastín en los que no hay ningún tipo de enlace a pueblos intermedios como el Espinar o Navas de San Antonio. Lo que a lo mejor se plantea en ese estudio es que se va a generar mucho atasco en los accesos a la vía y que tienen que hacer nuevos enlaces desde la AP-6. Pues, si es así, que lo hagan, pero lo que se trata y lo que demandamos es que San Rafael tenga una alternativa gratuita a la travesía como ya tiene Guadarrama desde los últimos 27 años”.

A UN LADO SÍ, AL OTRO NO

El portavoz de la Plataforma ‘Solución a la Travesía de San Rafael’, lanzó duras críticas contra el Gobierno por lo que considera un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en la gestión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61.
Gea recordó que la situación actual tiene su origen en 1996, cuando se planteó la construcción del tercer túnel de la AP-6 y las autopistas AP-51 y AP-61. “Como demuestra el documental ‘La moral del vampiro’, que ganó un premio en la Seminci de Valladolid, aquella ampliación fue ilegal y orientada a favorecer a la concesionaria”, señala Gea.
Una de las críticas más contundentes de la Plataforma es el impacto que esta situación tiene en el desarrollo de la provincia de Segovia. Según el portavoz de la Plataforma, los sobrecostes asociados a las autopistas de peaje dificultan el crecimiento económico y ponen a la provincia en desventaja frente a otras regiones. Además, denuncia un trato desigual en comparación con la vertiente madrileña de la sierra.
“¿Cómo es posible que en un lado de la sierra el peaje sea gratuito y en el otro no? Esto genera un hándicap enorme para la industria y los transportistas de Segovia. La AP-6 debería estar liberada, especialmente en el tramo más peligroso, que atraviesa San Rafael y pone en riesgo a sus habitantes”, afirmó, sin olvidar otro hecho importante: “La AP-6 es una estructura que pertenece al Estado y tiene concesión a una empresa privada. Si prefieren pagar una multa (la previsible de la UE si no hay rectificación) que asumir la liberalización como han hecho con el resto de autopistas de casi todo el país, nos quedarán todavía muchas más dudas de qué intereses ocultos quedan con respecto a esta autopista”.

El Ministerio de Transportes ha eludido pronunciarse sobre el asunto y su respuesta en forma de hechos ha sido adjudicar un estudio sobre la viabilidad de la liberalización del peaje de la AP-6

Además, Gea puso luz a un tramo ‘oscuro’ como es el que transita desde el Alto del León hasta la localidad madrileña de Collado Villalba. “En Guadarrama la concesionaria todavía está percibiendo una cuantía desde el enlace que hay del Alto del León hasta el kilómetro 19 que es de Collado Villalba. Ese tramo lo estamos pagando todas las personas que usamos la AP-6. El sobrecoste que tiene la AP-6 es también fruto de que hay un tramo que es gratuito. Y lo que estamos demandando es que si hay un tramo gratuito a un lado de la sierra, ¿por qué no lo es el tramo del otro lado, donde realmente se sufren las consecuencias de un tráfico desmedido?”, cuestionó.
Para el portavoz, la única solución que existe “es que los empresarios de Segovia, los transportistas de Segovia y que las asociaciones que realmente son las principales perjudicadas por esta situación nos unamos y entre todos generemos un colectivo grande para decir ‘hasta aquí’. Eso es lo que han conseguido en el Corredor del Mediterráneo ¿Cómo puede ser que la AP-7 se hayan liberado entera? Pues porque hay mucho dinero ahí”.