El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral a 17 investigados en la denominada trama eólica en Castilla y León, entre los que se encuentran cinco exaltos cargos de la Junta y once empresarios, a quienes solicita fianzas que suman más de 800 millones de euros y, además, incluye a la Junta como responsable civil subsidiario.
Los 17 encausados en esta causa de corrupción -uno más de las solicitadas por la Fiscalía- deberán abonar esas fianzas antes de diez días para evitar que se les embarguen sus bienes y que en el caso del principal investigado, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y a quien la Fiscalía solicita penas que suman los 42 años por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión y blanqueo de capitales, superan los 342 millones de euros.
Según el auto al que ha tenido acceso Efe, el juez considera a la Junta de Castilla y León responsable civil subsidiario en esta trama vinculada a la concesión de licencias para la instalación y construcción de parques eólicos y le solicita 24,1 millones de euros de fianza, de los cuales 11,2 debe abonar de forma solidaria con las empresas Iberdrola y Sinae y Parque eólico La Boga.
Las investigaciones sobre este caso se remontan a 2017 cuando el juez comenzó a instruir esta causa en la que están involucrados varios excargos de la Consejería de Economía y Hacienda en la época de Juan Vicente Herrera -el extitular de esta Consejería, Tomás Villanueva, falleció durante la instrucción del caso- y empresarios del sector de los parques eólicos.
El fiscal anticorrupción siempre ha apuntado al exconsejero y a su viceconsejero, Rafael Delgado, como los máximos responsables políticos de esta trama al diseñar un plan con empresarios para favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las sociedades promotoras de parques eólicos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la finalidad se dirigía a exigir «ilegalmente», a los promotores cuyos parques tenían visos de autorización, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto «bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización», una participación que se requería fuera próximas al cuarenta por ciento, argumenta.
El objetivo consistió también en seleccionar y favorecer «ilegalmente» a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una especial relación, para lo que actuó concertadamente con los acusados Francisco y Alberto Esgueva, Andrés Martín Paz, Germán Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.
El fiscal afirma además que, salvo los Hermanos Llorente, ninguno de los citados empresarios, amigos de Rafael Delgado o Tomás Villanueva, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como acredita que su permanencia en las entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en esas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción demanda las siguientes penas:
-Rafael Delgado. Exviceconsejero de Economía. Penas que suman 42 años por delitos continuados de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, además de seis delitos de extorsión y uno de blanqueo de capitales.
-Manuel Ordóñez. Exdirector de Energía y Minas. Diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años por un delito continuado de prevaricación.
– Jesús Rodríguez Recio. Abogado y empresario. Seis años de cárcel por blanqueo de capitales, uno por un delito continuado de tráfico de influencias y otro año y seis meses por un delito continuado de cohecho.
-Alberto Esgueva. Exconsejero delegado de Excal. Seis años por un delito continuado de cohecho y seis años por blanqueo de capitales.
-Francico Esgueva. Expresidente del Parque Empresarial de Portillo. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Marc Nadelar. Administrador de empresas. Cuatro años por blanqueo de capitales.
-Germán Martín Giraldo. Exadministrador de Urban Proyecta. Seis años de cárcel por un delito continuado de cohecho en calidad de cooperador necesario y otros seis años por blanqueo de capitales.
-Andrés Martín Paz. Director general de Deportes entre 1999 y 2003. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-César Hernández Chico. Empresario. Cuatro años por delito continuado de cohecho y un año por tráfico de influencias.
-María del Mar Moreno. Exmujer de Alberto Esgueva. cuatro años por un delito continuado de cohecho.
-Patricio Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Alejandro Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Miguel Ángel Llorente. Empresario. Seis años por un delito continuado de cohecho como cooperador necesario.
-Ricardo Bravo. Exdirector de Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Rafael Icaza de la Sota. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
-Pedro Barriuso. De Ibercyl. Seis años por un delito continuado de cohecho.
