La sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el caso ERE reprocha que el Gobierno socialista andaluz conocía la “patente y palmaria ilegalidad” de las ayudas sociolaborales que concedió con “absoluta falta de control” entre los años 2000 y 2009.
En la primera sentencia del caso ERE, comunicada ayer y que tiene 1.821 folios, la sección primera de la Audiencia de Sevilla subraya que los exaltos cargos, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fueron “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
Después de que la Fiscalía Anticorrupción cifrara en 680 millones de euros los concedidos sin control, la sentencia utiliza nueve veces el término “patente ilegalidad” y otras nueve “palmaria ilegalidad” en referencia a la actuación de los condenados por malversación de caudales públicos o prevaricación, entre ellos siete exconsejeros, como la exministra Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.
Sin control
Además, el fallo, con penas de hasta siete años y once meses de prisión por malversación y hasta 19 años y medio de inhabilitación, critica que la Junta creó entre los años 2000 y 2009 un sistema “ágil” para responder a los conflictos sociolaborales, pero lo hizo eliminando los mecanismos de control legales.
“La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, explica la sentencia.
El fallo de la pieza política de los ERE, un caso que empezó a instruir en el 2011 la juez Mercedes Alaya, quien consultada por Efe no quiso hacer ningún comentario a la sentencia, explica que en julio del 2001 se firmó un convenio marco por parte de la Consejería de Empleo para materializar ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social.
Ese convenio marco, junto al expediente de gasto de transferencias de financiación, “posibilitó a la Consejería de Empleo eludir los procedimientos legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, así como su fiscalización por la Intervención Delegada” de dicho departamento.
“Ello propició que las subvenciones sociolaborales fueran concedidas por la Consejería de Empleo al margen del presupuesto, imposibilitando así su fiscalización previa, lo que favoreció un descontrol absoluto”, concluye.
La forma de funcionar de la Junta hizo que no fuera fiscalizado “ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas” en crisis entre los años 2000 y 2009.
Eso también propició que el director general de Trabajo no tuviera que confeccionar un expediente de gasto singularizado de las ayudas que daba “puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos” gracias al uso inadecuado de las transferencias de financiación.
Formas indebidas
Por ello, el “denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas empresas” fueron la falta de fiscalización previa y el posterior control financiero debido al uso de las transferencias de financiación así como “desfases” de hasta 95 millones de euros en un año.
“El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis”, subraya la sentencia, en la que se asegura que en esta ayudas, “el beneficiario real era la empresa y no los trabajadores”.
La forma “indebida” de presupuestar las transferencias de financiación por la Consejería de Economía y Hacienda, que entonces dirigía Griñán, y que luego aprobaba el Consejo de Gobierno, fue lo que permitió que “se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de las subvenciones”.
La Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa denominado 22E y luego 31L “sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía”, según el ponente.
“En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”, concluye la sentencia.
